El momento constituyente que se inició en Venezuela con motivo de la crisis política de finales del siglo XX, generó en la mayor parte de nuestra población esperanzas por haber sido generado el instrumento idóneo de poder para la producción de los necesarios cambios políticos que requería el país para consolidar y perfeccionar el Estado de Derecho y lograr una democracia mas participativa, transfiriéndole el protagonismo político al pueblo.
Los orígenes del constitucionalismo venezolano se sitúan, en primer lugar, en las discusiones y actos adoptados por el antiguo Cabildo de Caracas, convertido el 19 de Abril de 1810, en junta Suprema de las Provincias de Venezuela, conservadora de los derechos de Fernando VII, quien ya se encontraba en Francia luego de haber abdicado al trono de la Corona Española. Desde ese punto de partida Venezuela ha sufrido cambios en su torrente republicano a través de las modificaciones de su Carta Magna en varias ocasiones, 1830, 1864, 1936, 1947, 1961 y 1999.
Este último cabio constitucional acaecido en 1999 tiene una génesis singular, es el único proceso de construcción de una carta política autorizada por el soberano con una aprobación del 71,21%, cuyos integrantes de la Asamblea Constituyente fueron escogidos por el y además el resultado de dicho proceso también aprobado por el pueblo en acto democrático a través del sufragio, con una votación a favor de dicha aprobación del 54,06% de los votos. Dando como resultado un cuerpo normativo de 350 artículos ordenados en Títulos y Capítulos y Disposiciones transitorias para su implementación.
Nuestra Constitución es el resultado palpable, visible, material, de todas las dimensiones y procesos involucrados en la aguda crisis y profunda reforma de la gobernanza en Venezuela, que cristaliza en la Asamblea Nacional Constituyente, dándonos una Carta Fundamental de avanzada, adaptada a los nuevos tiempos tal y como lo profería el presidente Hugo Chávez durante la toma de posesión al poder.
De tal manera, nuestra Ley Constitucional representa el mapa de navegación que indica el camino donde debe transitar la nueva república, y que ya hemos transitado. Haber dejado atrás el vetusto estado de Derecho clásico y burgués alimentado por la vieja teoría de la separación de los poderes del Varón de Montesquieu ha constituido grandes sacrificios. Ese estado estacionario ha sido renovado con nueva sangre, ha sido sustituido por el Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia que se propone obtener la procura existencial a través de la llamada «administración prestacional», siendo su nota definitoria lo social y sus objetivos el bien común y la participación justa de la población en la social. Así, el Estado es calificado, cada vez más, como gestor del bienestar general y la justicia social, lo cual rompe los esquemas constitucionales modernos y pone a Venezuela en la punta de la progresividad de derechos en Hispanoamérica.
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