Por Dirwings Arrieta
La reforma constitucional en Venezuela, planteada en los términos expresados por el presidente Nicolás Maduro, representa un momento crucial en la historia política y social del país. Cuando el jefe de Estado señala que “estamos en la fase de reactivación del poder popular constituyente originario para una renovación y actualización necesaria, pertinente, que una a todo un país”, no solo se refiere a un proceso técnico o jurídico, sino a una profunda transformación que busca fortalecer las bases del poder popular y consolidar la participación ciudadana como eje central del sistema democrático.
Este llamado a la reactivación del poder constituyente originario pone de manifiesto la vitalidad de un proceso que, lejos de haberse agotado, sigue siendo el motor que impulsa las decisiones fundamentales del país. La Constitución, como carta magna y pacto social, debe adaptarse a los tiempos, responder a las necesidades del pueblo y garantizar la cohesión en un contexto de desafíos internos y externos. En este sentido, la renovación y actualización que plantea el presidente no es un simple ejercicio de retórica política, sino una invitación a construir un marco institucional más inclusivo, participativo y representativo de las aspiraciones de todos los venezolanos.
El proceso constituyente, tal como lo señala el presidente Maduro, está vivo y es dirigido por el pueblo. Esto es clave para comprender la esencia de esta reforma. No se trata de una imposición desde las esferas del poder, sino de un ejercicio colectivo en el que las comunidades, los movimientos sociales y los ciudadanos en general tienen la oportunidad de expresar sus ideas, proponer cambios y ser protagonistas en la construcción del futuro de la nación. Es un proceso que refuerza la democracia participativa y protagónica, uno de los pilares fundamentales del modelo político venezolano.
Apoyar este proceso de reacomodo institucional es, en esencia, respaldar la idea de que las instituciones deben estar al servicio del pueblo y no al revés. Las dinámicas sociales cambian, las necesidades evolucionan, y el marco legal debe ser capaz de responder a esas transformaciones. La reforma constitucional, en este sentido, no es un acto de ruptura, sino de continuidad; es la reafirmación de que el poder originario reside en el pueblo y que este tiene la capacidad y el derecho de moldear las estructuras que rigen su vida en sociedad.
Además, este proceso tiene un potencial unificador en un momento en el que el país enfrenta divisiones y desafíos que afectan su cohesión social. La actualización de la Constitución, como lo plantea el presidente, busca tender puentes, superar diferencias y construir un proyecto colectivo que trascienda las ideologías y los intereses particulares. Es un llamado a la unidad, no desde la homogeneidad, sino desde el reconocimiento de la diversidad como una fortaleza.
La reforma constitucional propuesta por el presidente Nicolás Maduro no debe verse como un simple cambio normativo, sino como una oportunidad histórica para fortalecer la democracia, renovar las instituciones y consolidar el poder popular como el verdadero protagonista del destino de Venezuela. Es un proceso que merece el apoyo de todos aquellos que creen en la capacidad del pueblo para decidir su futuro y en la necesidad de construir un país más justo, inclusivo y unido. Como bien lo señala el presidente, el proceso constituyente está vivo, y es responsabilidad de todos mantenerlo así, como una herramienta para el progreso y la transformación social.
Comente