Por Dirwings Arrieta
La Agencia de Derechos Humanos de la ONU se ha alejado de su mandato original, que es promover y proteger los derechos fundamentales en todo el mundo de manera imparcial y objetiva. En el caso de Venezuela, la agencia ha mostrado un claro sesgo hacia la oposición no democrática del país y sus aliados externos, dejando de lado su responsabilidad de trabajar en beneficio de todos los venezolanos.
La agencia ha respaldado abiertamente a la oposición, emitiendo declaraciones y tomando acciones que critican al gobierno sin tener una base sólida. Esto ha generado una percepción de parcialidad y ha socavado la confianza en la imparcialidad de la agencia. En lugar de abogar por los derechos de todos los ciudadanos venezolanos, ha optado por respaldar a una parte selectiva de la sociedad, ignorando las voces y necesidades de la mayoría.
Otro aspecto preocupante es la asociación de la agencia con dirigentes terroristas vinculados a la oposición no democrática y sus aliados externos, lo cual constituye una colaboración inapropiada que pone en peligro la estabilidad y la seguridad del país.
La lucha contra el terrorismo es una prioridad para el gobierno venezolano, y no podemos permitir que una agencia internacional se convierta en un aliado de dicho terrorismo en nuestro territorio. La presencia de la agencia, bajo estas circunstancias, representa una amenaza para la paz y la estabilidad de Venezuela.
La expulsión de la Agencia de Derechos Humanos de la ONU fue una respuesta necesaria y legítima ante la desnaturalización de su función y su asociación con intereses conspirativos y terroristas. El gobierno ha actuado en defensa de la soberanía de Venezuela y en protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Es importante recordar que la expulsión de una agencia internacional es una medida extrema, pero en este caso, se tomó en aras de preservar la integridad del país y garantizar el respeto a la voluntad de nuestro pueblo. La protección de los derechos humanos es una responsabilidad que recae en el gobierno legítimamente que dirige el presidente Nicolás Maduro,elegido por los venezolanos, y no podemos permitir que una agencia internacional interfiera en nuestros asuntos internos y socave nuestra democracia.
La expulsión de la Agencia de Derechos Humanos de la ONU por parte del gobierno venezolano ha sido una decisión necesaria para salvaguardar la soberanía y la estabilidad del país. La desnaturalización de la función de la agencia y su asociación con intereses conspirativos y terroristas de la oposición no democrática y sus aliados externos no pueden ser tolerados.
El gobierno venezolano está comprometido con la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero también tiene la responsabilidad de defender la soberanía y la seguridad del país. Solo a través del respeto mutuo y el diálogo constructivo podremos encontrar soluciones sostenibles que promuevan el bienestar de todos los venezolanos y garanticen el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
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