«Vendrá un tiempo en que la ley deje de ser aplicable porque las expresiones de odio hayan desaparecido», aseguró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea
La Asamblea Nacional, aprobó la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, en medio del voto negativo de dos de las fracciones opositoras en este Parlamento; Vamos Vamos Venezuela y Libertad, desde donde condenaron la propuesta del oficialismo.
El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, defendió la vigencia del instrumento jurídico al calificarla como «imprescindible» en el actual momento político, pese a la apertura que ha mostrado la administración de Delcy Rodríguez, tutelada por Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
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Aunque organizaciones de la sociedad civil insisten en la derogación del instrumento legal que el chavismo aprobó en noviembre de 2017, el jefe del Parlamento defendió que se haya aplicado en ese momento en el contexto de las manifestaciones gubernamentales, al insistir en la tesis de que la confrontación de ese momento fue producto del «extremismo opositor», del que advirtió quiere retomar ese escenario.
«Vendrá un tiempo en que la ley deje de ser aplicable porque las expresiones de odio hayan desaparecido», aseguró Rodríguez al tiempo que mostraba videos de la violencia política en el país.
Lo mismo dijo Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, quien dijo que no entraría en calificar los excesos cometidos por el Estado en la aplicación de la Ley.
Organizaciones de derechos humanos nacionales y la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, entre otras instancias internacionales, han denunciado el uso de la Ley contra el odio como un instrumento de la represión, la persecución a la disidencia para acallar la crítica.
Qué mantiene la reforma de la ley contra el odio
Aunque el proyecto elimina las penas de cárceles y quita potestad para revocar concesiones a medios de comunicación, aun mantiene multas que van desde 500 hasta 10 mil veces el monto de la tasa más elevada del Banco Central de Venezuela contra quienes promuevan discursos de odio.
La facultad para imponer estas sanciones es discrecional y quedará en manos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello.
Desde la Fracción Libertad votaron en contra al exigir la derogación de la ley. «No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multa; conserva su esencia atemorizante y coercitiva, definiciones ambiguas que terminan en sanciones discrecionales, en manos del Ministerio del Interior y Justicia, el mismo que mal aplicó la norma y supervisa el aparato represivo del Estado que acumula denuncias por violaciones de DD. HH., adolescentes diputados, periodistas procesados, medios censurados. Mantiene la arquitectura del miedo», dijo Amelia Belisario, quien estuvo en la comisión para estudiar la reforma.
Otro legislador de la oposición, Antonio Ecarri de Alianza Lápiz, dijo que el proyecto no había sido distribuido a los parlamentarios, solo una versión de la exposición de motivos.
La iniciativa de esta reforma, que el chavismo vende como una decisión individual de Delcy Rodríguez, fue fruto de la mesa de diálogo con la AN de 2015, y la presión de Estados Unidos para quitarle poder a Miraflores que aún mantiene vigente su maquinaria represiva estatal, pese a los 10 meses que se cumplieron este 3 de noviembre desde la captura de Nicolás Maduro.
Según registros de la ONG Foro Penal, desde la aplicación de este instrumento legal se judicializaron a 927 personas, seis de ellas aún tras las rejas y más de 600 mantienen abiertos procesos penales en su contra.
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