Las autoridades dispusieron la reclusión de los sacerdotes bajo estricta vigilancia en la sede del antiguo Core 7 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde aguardan el desarrollo de las etapas procesales correspondientes
Nuevos elementos salieron a la luz en torno al expediente que enfrenta la cúpula parroquial de la Ermita El Carmen, en Barcelona, Estado Anzoátegui, tras confirmarse que la acusación por presunta agresión sexual en perjuicio de tres menores de edad se convirtió en el eje central de las averiguaciones promovidas contra los presbíteros Ramón Antonio Acosta y Carlos Eduardo Quintero.
De acuerdo con datos difundidos por el portal regional «Anzoátegui Noticias», la contundencia de los testimonios recabados aceleró la ejecución de las órdenes de aprehensión por parte de los organismos de seguridad.
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Entre los elementos probatorios agregados al expediente –señala el portal «2001»–, destaca la entrega de grabaciones audiovisuales, pieza clave que motivó el accionar relámpago coordinado entre efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Polianzoátegui y Polibolívar.
Pruebas audiovisuales hunden a sacerdotes detenidos
Ante la investidura de asimilados militares que ostentan ambos eclesiásticos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las autoridades dispusieron su reclusión bajo estricta vigilancia en la sede del antiguo Core 7 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde aguardan el desarrollo de las etapas procesales correspondientes.
La conmoción provocada por el hecho derivó en un pronunciamiento institucional del ordinarito militar de Venezuela.
En el escrito, manifestó su firme respaldo y acompañamiento a las víctimas y sus familiares ante la severidad de los hechos investigados.
Entre tanto, el histórico santuario, ubicado en el centro barcelonés, suspendió la atención al público, y mantuvo sus accesos clausurados este martes 27 de octubre, mientras las fiscalías competentes adelantan las diligencias pertinentes.
Previamente, la sede diocesana anunció la activación del protocolo de actuación correspondiente y el inicio de una investigación previa sustentada, en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico.
En la misiva pública, la representación eclesiástica expresó su «firme condena a cualquier tipo de abuso, y revalidamos el compromiso de la Iglesia de escuchar, acompañar y buscar la verdad para la protección de la dignidad humana, colaborando en todo momento con las instancias correspondientes, en el marco de la justicia eclesiástica y civil».
De igual manera, la institución recordó que «toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no se demuestre legalmente lo contrario en un debido proceso, por lo que exhortamos a la prudencia y al respeto de las garantías procesales» (RG).
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