La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para Antonio, dueño y gerente de la discoteca Jet Set, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, quien se desempeñaba como administradora. Ambos fueron arrestados la semana anterior, tras la apertura formal del proceso judicial
Un tribunal de República Dominicana resolvió que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club nocturno Jet Set, enfrentarán en libertad el proceso judicial en su contra por homicidio involuntario, tras el trágico colapso de la discoteca que dejó 236 muertos, incluido el reconocido merenguero Rubby Pérez.
La audiencia, celebrada durante la madrugada de este jueves, culminó con la decisión de la jueza Fátima Veloz, quien impuso a los imputados una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (alrededor de 842.500 dólares), prohibición de salida del país y presentación periódica ante los tribunales.
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La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para Antonio, dueño y gerente del establecimiento, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, quien se desempeñaba como administradora. Ambos fueron arrestados la semana anterior, tras la apertura formal del proceso judicial.
El Ministerio Público manifestó su inconformidad con la decisión y anunció que apelará el fallo. «El tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos ni la magnitud del daño que han causado a la sociedad dominicana», declaró Wilson Camacho, representante de la Fiscalía, quien también calificó el fallo como «una burla a las víctimas».
El colapso del techo del Jet Set ocurrió durante un concierto del popular cantante Rubby Pérez, quien falleció junto a otras 235 personas.
Las investigaciones apuntan a graves fallas estructurales y modificaciones irregulares en la infraestructura del edificio.
Propietarios de la discoteca Jet Set enfrentarán juicio en libertad
Además, el Ministerio Público acusó a los hermanos Espaillat de intimidar a empleados para ocultar pruebas clave del caso.
En paralelo al proceso penal, familiares de las víctimas han interpuesto más de cien demandas civiles contra los empresarios, cuya familia es reconocida por controlar un conglomerado de medios de comunicación y negocios gastronómicos en el país.
El delito de homicidio involuntario, por el cual se les procesa, contempla penas de entre tres meses y dos años de prisión, según la legislación dominicana.
Mientras el juicio avanza, el caso continúa generando una fuerte conmoción y debate en la opinión pública dominicana sobre la responsabilidad empresarial y la justicia para las víctimas.
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