Alex Saab, señalado por EE. UU. de lavado de dinero, perdió la apelación que sus abogados presentaron ante la Corte Suprema
El forcejeo legal en torno a la extradición del empresario colombiano Alex Saab llegó a un callejón sin salida.
El Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país donde está preso desde el 12 de junio de 2020, confirmó la constitucionalidad del proceso de extradición hacia Estados Unidos seguido contra el colombiano que en el momento de su detención tenía una alerta roja en Interpol.
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Estados Unidos lo requiere por lavado de dinero. Esta sería la última batalla perdida por la defensa del empresario, dirigida por el ex juez español Baltasar Garzón, para evitar su traslado.
La Corte Constitucional de Cabo Verde decidió el pasado 13 de agosto la extradición del empresario. Saab, sin embargo, presentó una última apelación en la que alegaba que su proceso de extradición se inició «aplicando reglas inconstitucionales».
La respuesta a ese último intento de demostrar la inocencia del acusado se ha producido este miércoles.
La máxima Corte dio la razón el Tribunal de Apelaciones de Barlovento y la Corte Suprema de Justicia, dos instancias inferiores que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro al país norteamericano.
En la práctica, el fallo de 194 páginas publicado en la página web de la Corte, da vía libre a la extradición.
Alex Saab y su lucha por la libertad
Desde su detención, un laberinto de recursos judiciales ha recorrido el caso del que hasta entonces estaba en las sombras como un contratista del Gobierno venezolano, con negocios de importación de alimentos, petróleo, carbón, construcción y minería.
Por la captura de Saab, el Gobierno de Venezuela emprendió una intensa campaña en su defensa para limpiar su imagen, al punto de designarlo inicialmente como enviado especial del Gobierno para gestionar alimentos y combustibles y luego lo ascendió a embajador de Venezuela en la Unión Africana.
A esto se ha sumado una estrategia de medios y redes sociales que ha incluido pintadas, murales, eventos y vallas desplegadas en las calles de Caracas con su rostro y la etiqueta #FreeAlexSaab. Su defensa ha insistido en que el caso tiene motivaciones políticas.
«Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EE. UU.», declaró a EFE el propio Saab en una entrevista hecha a comienzos de marzo pasado desde su cautiverio en Sal, al asegurar que «no colaboraría» con Washington en caso de ser extraditado.
Garzón, como su defensor, llegó a afirmar el año pasado que «se está instrumentando por parte de EE. UU. a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables».
Larga lucha de recursos jurídicos
En los últimos 15 meses los abogados de Alex Saab han intentado recursos y argumentos para dilatar el proceso.
El pasado 2 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, dictaminó que se le debía conceder acceso, sin restricciones, a médicos especialistas de su elección, pese a las reticencias iniciales de las autoridades caboverdianas.
En enero el empresario recibió una medida de arresto domiciliario y la semana pasada se aprobó su traslado de la isla de Sal a Praia, la capital de la nación insular africana, por motivos de salud.
Alex Saab enfrenta cargos en dos cortes de estadounidenses, acusado de lavado de activos. También lo acusan en Colombia, donde le han incautado varias propiedades y de donde tuvo que irse a finales de 2018 para evitar a la justicia.
Ese mismo año la Fiscalía de México le incautó mercancías para las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción —el programa de alimentos subsidiados del Gobierno venezolano— por el pago de sobreprecios en alimentos de baja calidad.
En julio de 2019 llegaron las imputaciones formales en EE. UU. por presuntamente blanquear 350 millones de dólares entre 2011 y 2015 provenientes de Venezuela, luego las sanciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero para él y sus socios y más incautaciones de bienes que tenía en Italia junto a su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri.
En 2020 finalmente fue detenido en el aeropuerto de Praia, cuando hacía una parada técnica para cargar gasolina en su ruta a Irán.
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