En Venezuela hay, entre otras crisis, una crisis política, que muchos interesados, quieren ocultar como la loca de la casa. Teóricamente el pueblo trabajador venezolano, se configura como un gobierno activo y permanente: («La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos») Art. 5 CRBV.
La agresión económica que triunfó el 6 de diciembre pasado, amparándose en el fraude, la simulación, los malos tratos, la enseñanza de la corrupción a los desclasados y al funcionariado público y privado, la generación de colas para confundir y martirizar a los consumidores, el robo en la distribución y fijación de altísimos precios a los regulados, y a todas las necesidades de vida; operación que finalmente confundió a muchos en la identificación de los verdaderos culpables, escondidos detrás de una manito, aturdiendo a una buena parte del electorado, más o menos un millón 400 mil, que aunque siendo partidarios de la Revolución Bolivariana, no fueron a votar; todo lo anterior constituye un ataque, y una vulneración a la soberanía nacional por parte de estas fuerzas opositoras dirigidas por el imperialismo contra los intereses de la patria venezolana, y que ahora controlan uno de los cinco poderes del Estado.
Los ejecutores del plan proimperialista de agresión económica contra del pueblo trabajador venezolano, agrupados en la MUD, alcanzan la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, y se proponen, a pedido de sus panas de Fedecámaras, derogar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). La medida les permitiría despedir un poco más de un tercio de los trabajadores venezolanos, que quedarían en la calle de la amargura.
Igualmente, Fedecámaras le pide a la nueva Asamblea Nacional que derogue la Ley de Precios Justos, entre otros aspectos, porque fija una tasa máxima de ganancia del 30% en la comercialización de todo tipo de mercancía; a pesar de que el ladronismo empresarial viola todos los días esta ley, le interesa anularla para aumentar todavía a más de 1.000% su robo al salario del soberano.
Han vuelto los cogollos de AD y Copei, y sus derivados, esperando instalarse en la Asamblea Nacional para facilitarle a la burguesía los mecanismos para extremar la explotación del proletariado, el atraco mediante el aumento injustificado de los precios exorbitantes, y para garantizarle otros aumentos, que meterían en la miseria a la mayoría de nuestro pueblo trabajador.
Si la nueva Asamblea Nacional se dispone entregarle el país a la burguesía parasitaria, y al imperialismo, entonces el pueblo venezolano, como poder constituyente, y garante de la soberanía, en sus funciones de gobierno originario, exigiría su disolución, para elegir un Poder Legislativo acorde con la defensa de los intereses de la patria venezolana. (Art. 347, y 5 de CRBV).
El legítimo levantamiento del pueblo, adormecido por la perniciosa ideología capitalista, y por la prohibición de la necesaria crítica y autocrítica de nuestro propio proceso revolucionario bolivariano, alzado contra las fuerzas opositoras que menoscaban la soberanía venezolana frente al ladronismo empresarial y el imperialismo, es un acto de gobierno originario para restablecer el orden democrático popular, que la agresión económica de los dueños de la manito, ha subvertido en Venezuela.
La Revolución Bolivariana no podrá ser vencida por los enemigos de la patria venezolana.
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