Un juez ordena a la FANB vigilar de forma constante el fundo Monte Verde

El predio fue expropiado a finales de octubre de 2009 al exalcalde de Maracaibo y exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que está prófugo de la justicia venezolana.

El Juzgado Superior Agrario del Circuito Judicial del estado Zulia y con competencia en el de Falcón ha ordenado a dos guarniciones del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana que establezcan un apostamiento continuo y permanente en la finca Monte Verde para garantizar la seguridad agroalimentaria. Ese fundo tiene una extensión de 493 hectáreas con 8.715 metros cuadrados. La explotación agropecuaria, ubicada en la parroquia El Moralito, del municipio Colón, fue expropiada a finales de octubre de 2009 a su propietario, el exalcalde de Maracaibo y exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, prófugo de la justicia venezolana por delitos de corrupción.

La decisión adoptada por el juez superior agrario, Iván Ignacio Bracho González, se conoció ayer y ratifica la medida autónoma de protección agraria desplegada en el predio por Industrias Diana, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación desde el 1 de marzo del año 2011.

La resolución del juez García Bracho establece que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela subraya que expresamente establece que «la seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuarias, pesquera y acuícola».

Medidas autónomas de protección

En este sentido, destaca en su argumentación jurídica que esa medida autónoma de protección agraria se adopta en situaciones jurídicas concretas, como «la interrupción de la producción agraria» o la disposición se dirija a «la preservación de los recursos naturales renovables». Los supuestos de peligro que la medida está destinada a contrarrestar son, entre otros, que las tierras, utensilios o maquinaria destinada a la actividad «se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción» y, finalmente, los efectos jurídicos, que se traducen en «el dictado de medidas pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción».

La medida adoptada por el juez superior en materia agraria conlleva «la necesidad de prevenir y asegurar el principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho ambiental, consagrados en nuestra Carta Magna, y vista su fundamental importancia, comportan una gran dosis de urgencia».

Desarrollo humano integral

Según señala Iván Ignacio Bracho González, «se trata de un cometido estatal el cual se debe lograr en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación, a la población venezolana».

En este sentido, añade que «la cuestión agroalimentaria en Venezuela ha conducido a que el legislador venezolano, preocupado y comprometido con el proyecto revolucionario de lograr un desarrollo rural sustentable, un desarrollo económico del sector agrícola y, en fin, un desarrollo humano integral, construya apreciables instrumentos jurídicos, destinados a la protección y cumplimiento de la seguridad y soberanía alimentaria como derechos sociales indispensables para la concreción de los más altos fines del estado, tales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria».

Finalmente, para el juez a empresa Industrias Diana C.A., a través de la actividad desplegada de naturaleza estrictamente agraria, «presta un servicio vital para la nación, en cabal respeto y cumplimiento al derecho a la seguridad alimentaria, razón por la cual a este Juzgado Superior Agrario, se le hizo indispensable el decreto de una Medida Autónoma de Protección a la Actividad Agraria, en fecha 25 de marzo de 2014» y que ahora ha sido ratificada.