Secuestro o sicariato (III)

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11 de junio, 2014 - 1:48 pm
Redacción Diario Qué Pasa

El costo de una investigación

Es muy sabido que en las investigaciones llevadas por el  exfiscal Carlos Chourio, los intereses económicos eran una constante,  que con una «módica suma de dinero» las historias podían dar un brusco giro hasta de 180 grados y la persona menos pensada, podía verse involucrada en el hecho punible y ser, inclusive, presentada como el actor principal del delito en cuestión, involucrando a inocentes en hechos en que ni siquiera participaron.

Sin duda alguna, este caso no podía ser la excepción, según lo comentado por Enedixo Urdaneta, un altísimo funcionario judicial recibió la cantidad de 200 mil bolívares para inculparlo.

Resulta muy conveniente la «pérdida» oportuna de las pruebas balísticas y la misteriosa desaparición de las fotografías de los cadáveres en el expediente, eso sin contar la extraña razón por la cual Iván Montiel —considerado el presunto coautor material de los hechos— no tiene orden de aprehensión, ni solicitud ante el Ministerio Público para declarar sobre los hechos, además cómo esclarecer entre otras cosas las acciones punibles que utilizaron para inculpar a los imputados sigue desarrollando la desconfianza en quienes analizan este asesinato.

Las víctimas del fiscal

En ese mismo orden de ideas, es de gran interés dar a conocer por qué personas que están involucradas en este caso, fueron desestimadas por el fiscal, y otras que no tienen nada que ver con el mismo o simplemente por situaciones circunstanciales o de conveniencia deductiva para el fiscal, se vieron implicadas en el asesinato de los esposos Di Pietro.

Comenzando por Franchelis Velásquez, actualmente de 20 años de edad, para la mencionada época era novia de Enedixo Urdaneta, el polimaracaibo implicado en el hecho. La joven fue imputada por el fiscal Carlos Chourio bajo los delitos de cómplice necesario en la comisión del delito de secuestro agravado, usurpación de identidad y asociación para delinquir. Actualmente se encuentra privada de libertad por los cargos antes mencionados, sin embargo, lo curioso del asunto es que Franchelis nunca fue considerada como una cómplice en el secuestro de los esposos Di Pietro, sino hasta la supuesta fuga y evasión de Enedixo Urdaneta del retén El Marite, en pocas palabras, después de orquestado el caso, no podía faltar un integrante y la colocaron a ella. No se podía desmembrar el rompecabezas que ya el Ministerio Público había construido.

Franchelis Velásquez cometió el error de ser la pareja sentimental de Enedixo Urdaneta, razón por la cual la vinculan en el secuestro, aun cuando ella ni siquiera estuvo presente al momento de ejecutarse los hechos. Asimismo, el delito de usurpación de identidad se lo acreditan por haber sido ella quien compró el celular que Enedixo utilizó para las llamadas de la operación, esto con la excusa que sería el regalo de cumpleaños de la sobrina de Enedixo y que para evitar los protocolos de cambio de titular, Franchelis lo comprara con la cedula de la supuesta cumpleañera y que fuera un regalo completo.

Los videos de la tienda donde se realizó la compra del equipo y la línea, demuestran la versión de la joven y se evidencia una usurpación de identidad, —si bien, es cierto— contra la buena fe de la empresa telefónica, más no contra ningún organismo legal o del estado.

Carlos Bernardoni, considerado y acusado como cómplice necesario en la comisión de secuestro agravado y asociación para delinquir, también está encausado, pero gozando de una medida sustitutiva de la privación de libertad.

Empresario zuliano, dueño de una cadena de farmacias que se vio involucrada en la comisión de un delito, simplemente por prestarle el teléfono móvil a su ahijada —la ahijada es quien le cuida los hijos a su prima y que son hijos de Iván Montiel—, quien llamó a Iván Montiel —considerado el presunto coautor material de los hechos— para reclamarle que los hijos de él estaban pasando hambre y no tenían pañales.

Una única e histórica llamada efectiva de aproximadamente 42 segundos —incluyendo el tiempo de repique—, más dos intentos fallidos de comunicación (en un lapso de 2 minutos 56 segundos), eso junto a la mala suerte de poseer un apellido italiano, lo vincularon de inmediato a semejante crimen. El colmo de la desfachatez, en una sociedad con peligrosísimas desviaciones de la justicia, en un concierto de funcionarios policiales dañados y sin recuperación.

Carlos Bernardoni se presentó de manera voluntaria, dado que fue visitado en horas de la mañana en su residencia por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y lo pusieron en conocimiento de la referida llamada y la relación con el caso. Fue  hasta las instalaciones del CICPC para ponerse a derecho, pues al no tener nada que ver en el delito, consideró que solo rendiría algunas declaraciones. Lógicamente al no conocer  ni de trato, vista y comunicación a las víctimas, ni al involucrado, la situación sería de fácil comprensión para las autoridades.

Para su sorpresa, las cosas no eran tan sencillas como las había pensado. 25 días atrás, él le había prestado su equipo telefónico a su ahijada para realizar una llamada. Esa misma llamada lo relacionó con el hecho y le costó aproximadamente siete meses de reclusión en El Maríte, padecimientos de salud, una afección y complicación respiratoria que casi le cuesta la vida; innumerables cantidades de pérdida de dinero, casi la quiebra de su negocio y la solicitud  por parte de cierto funcionario, de cierta suma de dinero para sacarlo del paquete —dinero que fue solicitado a un familiar del imputado— y el cual se negó a pagar, confiando en su inocencia y en «la transparencia de la justicia venezolana».

Bernardoni fue acusado de ser el planificador, organizador, contralor y evaluador de los resultados del secuestro de los Di Pietro, los elementos de convicción que se usaron para llegar a esta conclusión fue una llamada de 42 segundos que se realizó desde su teléfono a uno de los presuntos implicados, el no estar inscrito en el colegio de farmacéuticos —no poseer título de farmacéutico— ni haber sido egresado de ninguna universidad, así como tener una demora en el pago de su tarjeta de crédito y el haber cerrado una cuenta bancaria años atrás en el Banco de Venezuela. Todo esto, sin explicar en ninguna forma cómo fue su participación en el hecho punible.

Otras víctimas del fiscal

Kendrik Ángel Silva está acusado por el delito de hurto calificado, pues según lo que dice el expediente, el imputado sustrajo el motor del peñero o bongo donde naufragaron las víctimas, y de allí la pregunta obligada… ¿Acaso Silva no pudo encontrarse el motor en un lugar alejado de la escena del crimen? ¿Quién puso la denuncia del hurto? ¿Cómo se demuestra que ese motor no pertenecía a otra lancha? Los cuerpos de investigaciones llegaron hasta su vivienda y lo encontraron, y de inmediato fue involucrado en el hecho.

Alexánder Villalobos, acusado de cómplice necesario en el delito de secuestro agravado —lo involucran por ser pariente de Silverio González y tener cruces de llamadas con su primo—. En la audiencia preliminar él expuso ante el juez que fue sometido a una extorsión por parte de los funcionarios del CICPC, donde le exigieron la cantidad de 300 mil bolívares para no implicarlo en el delito. Él refirió que de dónde iba a sacar esa cantidad de dinero, ya que devengaba un simple sueldo, pero al ver que iban a involucrar a su esposa y hermano tuvo que vender su camión 350 por la suma de 50 mil bolívares y dárselos a los funcionarios para que no los implicaran en el hecho.

Siguiendo en la misma tónica, se puede detallar que uno de los principales coautores de este crimen —hablamos de Iván Montiel— se encuentra totalmente excluido del asunto, pues el hombre ni siquiera fue llamado o citado por el Ministerio Público a rendir declaraciones.

Victimarios olvidados

Joel Estebes Finol y Silverio González, presuntamente son coautores en la comisión del mencionado delito, pues el primero se encargó de trasladar a los hoy occisos en la lancha. El segundo, es el dueño de la camioneta Autana de color verde, donde se hizo el supuesto transbordo, además de ser uno de los cabecillas y ser primo de Alexánder Villalobos.

Cabe destacar que ambos se encuentran evadidos de la justicia.

Surgen las interrogantes

Franchelis Velásquez fue imputada por el hecho de comprar el teléfono —el que Enedixo utilizó para realizar las llamadas a los presuntos miembros de la  banda— con una cédula de identidad que no le pertenecía. Al igual Carlos Bernardoni, quien fue imputado por no recordar oportunamente una llamada de 42 segundos realizada desde su teléfono 25 días atrás. Asimismo, Kendrik Silva fue imputado por encontrarse un motor de una lancha, que se suponen es la del bongo. Tomando en cuenta todos estos elementos de supuesta gravedad ¿Por qué Daniel Orángel Montiel, el joven wayúu que tenía el equipo telefónico del señor Salvatore Di Prieto y que supuestamente, alegó que se lo encontró, no fue imputado en el hecho, ni investigado más a fondo? Sobre todo por la particularidad que ambos comparten sus nombres y apellidos, es decir, el nombre completo de Iván es Iván Orángel Montiel y el del joven es Daniel Orángel Montiel.

Fotos: Agencias

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