Varela agregó que los trabajos continúan en función de crear mejores condiciones de vida, para cuando los privados de libertad regresen al recinto
La sanción será de 4 a 6 años si la persona que permita la entrada de celulares es un funcionario o empleado público
Se conoció que cuando realizaron el conteo en horas de la mañana notaron la falta de los reclusos