Foto: Andrea Gómez
Diecisiete víctimas más de supuestos «abusos, extorsión y sicariato de algún familiar» se han unido, en apenas 48 horas, a los abogados José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez, para anunciarles que otros van a presentar denuncias contra los altos jefes del Cicpc y otros funcionarios que son investigados por la supuesta comisión de delitos delincuencia organizada, extorsión y amenazas de muerte. En total, el número de perjudicados y dispuestos a dar la cara asciende ya a veintiuno.
Solo han transcurrido algo más de 48 horas y diecisiete ciudadanos más han optado por eludir el temor y poner sus nombres y apellidos contra funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que, presuntamente, han abusado de su cargo o los han atropellado, en el mejor de los casos. En otros, ha habido, aparentemente, extorsiones y hasta un sicariato.
Este grupo de personas —ya son 21— ha decidido denunciar irregularidades en una institución policial que, supuestamente, se constituyó para defender los derechos de los ciudadanos y protegerlos frente a los delincuentes e inseguridad ciudadana.
Dinero o implicación
La realidad, sin embargo, es la contraria; aunque la corrupción no es generalizada. Muchos de esos agentes quieren dinero rápido y fácil. Si uno no accede a sus abusivas e ilícitas pretensiones puede ser implicado en cualquier delito, como las denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la República están demostrando.
José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez, que también son dirigentes del movimiento Tupacamaru. Como ya público ayer QUÉ PASA, denunciaron al jefe de la Delegación del estado Zulia del Cicpc, el comisario Heberto José Olano; el jefe de la subdelegación de ese cuerpo en Maracaibo, el comisario Gustavo Hernández; el inspector-jefe de homicidios, Orlando Herrera; y el agente Jesús Puerta.
Esos altos jefes del Cicpc del estado Zulia, según la denuncia presentada, «forman parte de una organización criminal y por su presunta implicación en delitos de acoso, amedrentamiento, coacciones, intimidación, vejación y persecución con amenazas de muerte». Los hechos declarados ante el Ministerio Público han surgido, según afirman, por ejercer «nuestra profesión y defender a dos empresarios de Maracaibo a quienes pretendían extorsionar para cobrar un total de 5,2 millones de bolívares».
Al mismo tiempo, entregaron las denunciadas formuladas por los empresarios Dani Montiel Fuenmayor y Carlos Negrón Serges. Al primero de ellos le exigieron 200 mil bolívares para no implicar una pistola que transportaba con todos los permisos en un homicidio. Al segundo, le exigieron cinco millones de bolívares para no relacionarlo con la muerte de un exconvicto de Sabaneta que falleció en un enfrentamiento con una comisión de ese cuerpo policial en el interior de uno de los hoteles de su propiedad.
Los altos jefes del Cicpc del estado Zulia que figuran en las denuncias permanecieron ayer en la sede de la dirección nacional de ese cuerpo en Caracas, como anunció QUÉ PASA y se entrevistaron con sus responsables. Sin embargo, no trascendió el contenido de esa reunión.
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