Foto: Archivo. Con cada acusación, Polisur se empantana cada vez más.
Criollo, preso en la comandancia de Polisur desde 2012, aparece vinculado en la extorsión de un comerciante, quien está recibiendo presión para que no eche más «deo».
Los funcionarios de ese organismo policial que son detenidos o condenados están recluidos en sus dependencias y, por tanto, gozan de privilegios, como salir de la sede.
Polisur se ha convertido en un mal ejemplo. Muchas son las evidencias que señalan a sus agentes de utilizar sus placas y armas para cometer crímenes de todo tipo; aunque los más habituales son el secuestro y la extorsión. Por extravagante que parezca, los funcionarios de ese organismo policial que son detenidos o condenados están recluidos en esas mismas dependencias y, por tanto, gozan de privilegios. Uno de ellos, abandonar las mismas y regresar cuando desean.
Son varios los agentes de ese organismo de seguridad los que permanecen recluidos en sus dependencias como es el caso de Ronald Eduardo Criollo, un ex funcionario involucrado y condenado –por su propia confesión– en una extorsión cometida en el año 2012.
Ahora, Polisur vuelve al lodo. Como ya publicó QUÉ PASA, el hijo del director general de ese cuerpo policial, identificado como Humberto Vílchez, también podría estar involucrado en un delito de extorsión y se encuentra desaparecido. Humberto también es funcionario de esa institución y está requerido por el Ministerio Público.
Humberto está solicitado por la Fiscalía Decimosegunda en materia de corrupción del estado Zulia, por supuestamente estar implicado en la participación del secuestro y extorsión de un ciudadano dedicado al comercio. Durante el secuestro, de doce horas de duración, los captores podrían haber solicitado entre 250 a 300 mil bolívares y amenazado a través de llamadas telefónicas a sus familiares. Otras informaciones señalan que la cantidad exigida era de cinco millones de bolívares.
El hijo de Danilo Vílchez continúa evadido y hasta ayer no se había presentado ni en Polisur ni en la Fiscalía Decimosegunda, que es la encargada del caso en el que supuestamente está implicado.
En el procedimiento realizado por funcionarios del GAES, se practicó la detención del oficial activo de la sección canina de Polisur Iván José Cabreras Martínez de 36 años, al cual le fue incautado una pistola marca Glock, serial HHU648, así como un cargador, 15 cartuchos sin percutir y dos teléfonos celulares, estas dos últimas evidencias presuntamente habría comprometido a Humberto Vílchez, Ronald Criollo y Alcíades Palmar todos funcionario del cuerpo policial.
Criollo fue acusado por Yannis Carolina Domínguez, Florymar Becerra y María Carolina Acosta en su condición de fiscal principal y fiscales auxiliares adscritas a la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de cuatro delitos: Concusión, peculado de uso, asociación para delinquir, violación de domicilio agravado y ocultamiento de arma de guerra.
Alcíades Palmar ya fue acusado, junto Ronald Criollo, por los delitos de Concusión, peculado de uso, asociación para delinquir y violación de domicilio agravado. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia confirmó la condena el cuatro de marzo del año 2013.
En carro policial y con un M-16
El siete de diciembre del año 2012, funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional lo detuvieron quien extorsionaba a un sujeto por una fuerte suma de dinero en el distribuidor Delicias de la Circunvalación 1 dentro de la unidad radio patrullera que conducía perteneciente a Polisur. Cabe recordar que al funcionario policial se le se le incauto un Fusil M-16.
Sin embargo, y pese a la sentencia firme, Ronald Eduardo Criollo nunca fue trasladado a un centro penitenciario o de detención, como una cárcel nacional. Pese que fallo es firme, permanece recluido en las instalaciones de Polisur.
Alcíades Palmar ya fue acusado, junto Ronald Criollo, por los delitos de Concusión, peculado de uso, asociación para delinquir y violación de domicilio agravado. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia confirmó la condena el cuatro de marzo del año 2013.
Presiones al testigo
Por otro lado, ayer trascendió que, al parecer, el comerciante que denunció a los funcionarios de Polisur está recibiendo fuertes presiones para que cambie la versión de los hechos, situación que permitiría salir airosos a los agentes presuntamente involucrados en esa extorsión.
Este dejaría en una delicada situación a los agentes del GAES que realizaron la investigación y que detuvieron Alcíades Palmar y Ronald Criollo. Fuentes del GAES indicaron que desconocían este hecho y precisaron que el Ministerio Público podría haber ampliado sus averiguaciones y que otros cuatro agentes de Polisur también podrían estar implicados en el caso.
«La Coronela», otra «ilustre» detenida
Polisur fue, durante un tiempo, el centro de detención de Iris Morales de Peña, conocida popularmente como «La Coronela», quien está imputada por el Ministerio Público de ser la presunta autora de la comisión de los delitos de estafa agravada continuada y asociación para delinquir. La sala tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ratificó las imputaciones contra ella que formuló el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control. El juez suplente del tribunal undécimo de control, Ernesto Rojas Hidalgo, ordenó que fuera trasladada desde Polisur al retén El Marite.
En la imagen. el comisario Danilo Vilchez.
Novios raptados
Otro de los escándalos que «sacudió» a Polisur fue la detención de cuatro de sus funcionarios el pasado mes de febrero, a quienes se les señaló de haber participado en el rapto de Ankara Salazar Contreras de 23 años y su novio adolescente.
La pareja contó a parientes que durante el tiempo que estuvieron secuestrados por presuntos funcionarios los llevaban amarrados de piernas y brazos y con los ojos vendados. Los policías detenidos fueron identificados como: Román Galué, Jimmy Quintero, Esdras López y Eduardo Rosales. Galué fue capturado en el aeropuerto La Chinita y los otros tres en San Francisco.
Fuga de un narcotraficante
Como ya publicó QUÉ PASA el 12 de septiembre, el narcotraficante Carlos de la Cruz Domínguez, alias «Dominguito», se fugó, junto a su esposa, el pasado 24 de agosto por la puerta principal de Polisur. Cinco agentes de ese organismo fueron apresados al día siguiente y la fiscal antidrogas número 42, Edita Quiroga, quien fue destituida por no solicitar su ingreso en el retén El Marite.
Ese narcotraficante se había fugado meses atrás de la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de Los Morros. Una vez capturado fue trasladado hasta el estado Zulia en un camión blindado. Sin embargo, fue recluido en Polisur y no en un centro de detenciones con mayores medidas de seguridad. Además, se da la circunstancia de que abandonaba las dependencias de ese cuerpo policial los viernes.
El narcotraficante fugado fue juzgado y sentenciado por poseer alrededor de 400 kilogramos de cocaína en una vivienda de su propiedad
Una de las incógnitas que todavía no han sido esclarecidas es el destino final de los cinco funcionarios de Polisur detenidos por la fuga del narcotraficante Carlos de la Cruz Domínguez, pese a los intentos e instancias consultadas para averiguar su paradero y su situación judicial. ¿Acaso se trata de un nuevo caso de encubrimiento entre los agentes de un mismo cuerpo policial?
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