Armas incautadas durante la requisa del antiguo retén El Marite, hoy Centro de Reclusión Francisco Delgado
Foto: Wilmer Cubillán
La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, informó ayer que tras la requisa al penal encontraron 3.800 cartuchos de diferentes calibres, 25 granadas, 19 armas largas, 23 pistolas cortas, 123 cargadores de varios calibres y chalecos antibalas
Maracaibo — Tras una semana del desalojo total del antiguo retén El Marite, hoy Centro de Reclusión Francisco Delgado, los resultados del trabajo de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en conjunto con el Ministerio de Servicio Penitenciario, lograron adelantar la segunda fase de rehabilitación y requisa del recinto.
Alrededor de las 12:00 del mediodía de ayer, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, junto al director general de Seguridad y Custodia del Ministerio Penitenciario, Wilmer Aposto, anunciaron el primer balance de la segunda fase realizada al retén, en donde se incautó una cantidad importante de armamento de alto calibre.
«Hasta el día de hoy (ayer) se han incautado como resultado preliminar del plan para la toma de control definitivo de El Marite; 6 fusiles, 2 facsímil de fusil, 6 subametralladoras, 11 armas cortas, 13 escopetas, 10 granadas fragmentarias, una de gran poder destructivo, 13 granadas lacrimógenas, una granada aturdidora, un aproximado de 3.800 cartuchos de diferentes calibres para municiones, 123 cargadores de varios calibres, chalecos antibalas, diferentes accesorios para uso de armamento, linternas y un dispositivo running (instrumento que convierte las pistolas en un fusil).
Los expertos del Equipo de Respuesta Inmediata de Custodia (Eric) también descubrieron las denominadas «caletas», mecanismos que creaban los internos para ocultar los diferentes armamentos incautados, con las que se presumen ejecutaban los actos delictivos dentro y fuera del penal. Además, los cuatro vehículos, dos de ellos ya entregados a sus respectivos dueños y otros dos que aún no han sido retirados (un Corolla, de color dorado, y una Fortuner, de color verde), la ministra instó a los dueños de los mismos a que «se acerquen al recinto para hacerle entrega de su carro, despojados por el hampa».
Tercera fase
«Una vez que concluya la requisa, quien declarará que formalmente terminó es Wilmer Aposto, quien dirige todo el proceso; entonces allí se procede a levantar un acta e iniciar la parte de reconstrucción», indicó la ministra.
Asimismo, asomó que «el proceso de evaluación y requisa del retén tendría un aproximado de 30 días hábiles lo equivalente a un mes, sin embargo, se ha adelantado bastante el proceso por lo que puedo decir que el avance es significativo».
Varela expresó que los trabajos realizados en conjunto con los oficiales militares «es un golpe fuerte a las mafias; detrás de todo esto hay un negocio. Se iniciará una investigación para ver cuál de estas armas estaría involucrada en homicidios». Aclaró que las personas que están siendo procesadas en el estado tendrían que volver para que continúen con su respectivo proceso judicial.
¿De qué trata?
Culminada la segunda fase de requisa, se implementará la tercera y última fase que trata de la reparación del recinto; en la que parte del personal del Sistema Penitenciario a través de su ente adscrito, el Fondo Nacional de Edificación Penitenciaria (Fonep), con un cuerpo de ingenieros de la Gobernación del Zulia y el aporte de la Gran Misión y Barrio Tricolor, además de organismos como Construpatria son los que lograrán del retén un espacio digno para los privados de libertad.
«Ya principalmente todos ellos fueron a evaluar en conjunto con la Gobernación, quien es el ente que va a sufragar los gastos de la reparación del nuevo Centro de Reclusión Francisco Delgado».
Por otra parte, la arquitecta Zuley Cruz, quien realizó la evaluación del recinto, estimó que «el espacio cuenta con 1.609 camas de cemento ya instaladas, y que existe la capacidad para ampliarlo».
En cuanto al tema de clasificación, agrupación y el cumplimiento de las normas corren por cuenta del ministerio, «lo importante es que la mayoría de los que fueron evacuados se fueron a recintos con un nuevo régimen, quienes se encuentran en un proceso de adaptación», agregó Varela.
¿Quiénes volverán?
«Se le dará prioridad para el retorno a las personas que son procesadas (las que implica que se le garantice su respectivo juicio), en el momento oportuno, sin que se registre ningún retardo procesal». Sin embargo, comentó que ya se han realizado las coordinaciones respectivas con el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Pública para que a todas las personas que fueron evacuadas se les revisará la situación».
¿A quién culpamos?
En cuanto a la presunta fuga de algunos reos durante el proceso de traslado, los cuales presuntamente perecieron durante enfrentamientos con autoridades de la región, respondió «eso pudo haber sido mucho antes, yo fui muy clara cuando llegué a tomar posesión de este retén, ¿quién tenía el parte real de El Marite?, yo no sé si ustedes tienen noción de lo que es una cárcel con régimen y una sin régimen». Aclarando que «no era posible manejar una cifra de fugados en un recinto donde no existe el régimen. Si dicen que se escaparon, bueno yo no sé, yo sé que de El Marite nosotros sacamos 2.294 personas, que montamos en el autobús uno a uno con sus esposas y los llevamos a estos recintos y a partir de aquí yo respondo», afirmó la vocera del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Con respecto a la quema de dinero en efectivo y la destrucción de electrodomésticos, denunciada por los familiares de los internos, dijo: «Recordemos que allí había un sistema de autogestión, de personas que estaban allí, imponiendo sus propias normas en complicidad de funcionarios, quienes permitieron una serie de cosas allí».
La ministra aseveró que «cada vez que se desaloja un centro penitenciario, siempre hay actividades que dentro de lo irregular, no cuenta como un delito». Se conoce desde muchos años que dentro de los recintos penales hay personas que se dedican a vender alimentos, bebidas, artículos, pasatiempos, etc. A lo que se refirió que «yo no puedo discriminar si eso es producto de la venta de los tarantines o de venta de droga o extorsiones; uno no puede saber de dónde viene, uno no tiene los billetes marcados si fueron producto de una extorsión o de la compra de una empanada».
Al parecer se permite el uso de electrodomésticos dentro de los llamados centros de prevención; «nosotros le decimos a ellos que marquen sus equipos (aires acondicionados, televisores, radios) y si vienen sus familiares con factura en mano, se les pueden entregar, pero también estamos conscientes que dentro de esos electrodomésticos camuflan las armas».
Reos trasladados
Un total de 24 traslados se realizaron durante la intervención de la ministra, «los mismos fueron llevados uno por uno, esposados hasta las siguientes cárceles del país; 437 internos fueron llevados hasta la cárcel de Coro; 367 a Tocorón, 491 Trujillo, 1 al Rodeo, 184 David Viloria, antiguo Uribana, 268 a Guárico, 30 Centro Judicial San Felipe, 165 Carabobo, 37 (Puente Ayala) Anzoátegui, 113 a la policía del estado (no fueron trasladados del estado), 8 al CCP de la Policía Nacional Bolivariana de Maracaibo-oeste, 8 al Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ)-norte y 57 liberados (al momento del trasladado). 64 boletas de libertad». Aseguró que estos números han cambiado través de una dinámica del sistema penitenciario.
También confirmó sobre el fallecimiento de una reclusa, durante el traslado, Ana Maigualida Jiménez Hernández, de 40 años, quien murió a causa de un infarto, «ella tenía tratamiento ya su familia está en contacto con todo el personal del sistema penitenciario. ¡Lamentamos que esto pase!».
Otras fugas
«Yo no soy gobernadora ni alcaldesa, soy ministra».
Con respecto a los evadidos de Polisur y Cabimas los días anteriores, la ministra informó que «el retén de Cabimas es policial eso no nos corresponde, esa respuesta bien podría darla con criterio y con verdad las autoridades policiales del estado, no me corresponde a mí». Sin embargo, reiteró que cualquier situación de irregularidad que se presente prestarán la colaboración necesaria.
Finalizó que alrededor de 1.500 funcionarios se encuentran bajo investigación, destituidos, detenidos y sancionados por participar en la incursión del delito en conjunto con los privados de libertad. «Personas que incurren en las mafias penitenciarias porque se valen de su investidura para cometer los delitos debilidades humanas».
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