«Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables», publicó la organización OVP
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes una nueva muerte bajo custodia del Estado y cuestionó los resultados de las intervenciones penitenciarias ejecutadas por las autoridades desde 2023.
La víctima fue identificada como Luis Felipe Moreno Moreno, quien permanecía recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona (CPA). Según la organización, falleció por causas de salud en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, en el estado Anzoátegui.
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«Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas», publicó la organización.
El CPA alberga a más de 1.400 personas privadas de libertad. Entre ellas se encuentran numerosos reclusos trasladados después de la intervención del Internado Judicial de Monagas «La Pica», realizada el 3 de noviembre de 2023.
El operativo formó parte de la denominada Operación Gran Cacique Guaicaipuro. Las autoridades presentaron estas acciones como una estrategia para recuperar el control de las cárceles, eliminar el pranato y modernizar el sistema penitenciario.
Sin embargo, el OVP sostuvo que casi tres años después persisten el hacinamiento, los traslados arbitrarios, la separación de las familias y la falta de avances en los programas de rehabilitación anunciados por el gobierno.
La organización también cuestionó el destino de los pranes que controlaban el penal de Barcelona y Puente Ayala, así como el estado de las obras prometidas y el uso de los recursos destinados a recuperar los establecimientos intervenidos.
De acuerdo con la ONG, los proyectos agrícolas y pecuarios mostrados públicamente dentro del complejo no sustituyen la obligación estatal de garantizar infraestructura adecuada, atención médica y condiciones compatibles con la dignidad humana.
El OVP consideró que las intervenciones trasladaron la crisis de una cárcel a otra, al concentrar a cientos de personas en instalaciones debido a que presentaban graves problemas de sobrepoblación y deterioro.
«Desde el OVP exigimos una inmediata rendición de cuentas sobre el destino de los centros intervenidos, transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación y garantías efectivas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad», manifestó la organización.
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