Foto: Referencial
La media docena de unidades pertenecía a un lote de 17 vehículos decomisados en diciembre. Los camiones fueron entregados con órdenes de liberación presuntamente falsificadas.
Maracaibo — De nuevo se produce un espectacular escándalo en los Tribunales Penales del Zulia.
En esta oportunidad, entre el mes de noviembre de 2014 y los primeros días de enero 2015, se produce el decomiso de 17 vehículos, entre 750, 350, tritones, volteos, etc., decomisados en procedimientos contra el «bachaqueo» de lo que conoce el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, a cargo de la jueza Íngrid Geraldino, en torno a la cual se registran, como dicen en los pasillos del llamado Palacio de Justicia —que ni es palacio, ni es de justicia— «vientos huracanados» sin que la toque, ni siquiera, la cola de la tormenta.
Entre el 28 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre de 2014, se entregan 12 de los 17 camiones decomisados y para ello falsifican las correspondientes órdenes de liberación, que son llevadas a las depositarias por cinco funcionarios a los cuales no corresponde la jurisdicción en la cual se ha repartido el territorio, de obligada rotación entre los funcionarios, donde debieron actuar los alguaciles, configurándose con ello la primera grave irregularidad.
Cuando alguna persona se presenta a buscar un vehículo retenido, encontrándose este a la orden de un tribunal, el juez de la causa debe haber librado una orden de entrega que, al ser consignada al depositante, el representante legal del estacionamiento está en la obligación de llamar al tribunal para verificar la veracidad del mandato y en esta oportunidad o tal requisito no se cumplió o quien dice haberlo cumplido, declara que habló con una funcionaria de nombre Eva, quien si bien es cierto trabajó en ese juzgado, laboró en el hasta el mes de febrero de 2014, habiéndose retirado de su trabajo ocho meses antes de que ocurrieran los acontecimientos que dan origen al escándalo que ayer se hizo público en QUÉ PASA.
Por otra parte, la numeración de las órdenes de entrega, presuntamente falsas, no se corresponden con la numeración que estaba en vigencia en ese momento en el tribunal de la causa: Ni la firma, ni la numeración se correspondían, ni con el funcionario señalado, ni con los seriales empleados.
¿Cuándo hizo la juez la denuncia de tamaña y gravísima irregularidad, a todas luces delictiva, ante las autoridades superiores de la administración de justicia y en la persona de quién? ¿Se mantuvo el caso en silencio o se hizo del conocimiento del inmediato superior de la jurisdicción?
Los 12 vehículos entregados indebidamente y al margen de la ley, fueron recuperados, y he aquí otra parte vulgarmente escandalosa del caso, por funcionarios que se desconocen, según el decir de los protagonistas. Vale decir, no se sabe quién ordenó, ni el decomiso, ni la posterior entrega, así como nadie sabe a quién se le entregaron los vehículos, ni porqué ni por quién fueron recuperados algo que solo puede ocurrir, según dicen los entendidos, en los Tribunales del Zulia.
Lo que sí se sabe es que la recuperación estuvo a cargo del CICPC, (se desconoce qué funcionarios actuaron) que investigó la desaparición de los camiones, pero no se sabe dónde los depositaron después de recuperados, con lo cual el misterio sigue envolviendo con nubes oscuras y fondo truculento el caso.
Dentro de cuál jurisdicción se produjo la nueva entrega o devolución de los vehículos recuperados por la policía judicial, es algo que hasta el momento nadie ha podido averiguar, ni siquiera el mismísimo CICPC. ¡Aunque usted no lo crea!
Se sabe que un abogado de apellido Colina, estuvo tramitando la liberación de los camiones, pero se desconoce por mandato de quién, pues también se desconoce el nombre del o de los dueños de los vehículos, así como tampoco se conoce, si pertenecen a personas naturales, personas jurídicas, cooperativas o sociedades misteriosas y todo, porque no hay quien declare sobre el particular en el afán de encubrir todo cuanto de corrupción pudiera haber en el caso.
Los camiones recuperados se entregaron, aparentemente, entre gallos y medianoche, sin mandato judicial que debió cursar el Tribunal Sexto de Control, que tampoco sabe cuál organismo o persona los entregó y por tanto la juez permanece, por lo pronto y hasta que alguien aclare el asunto, ciega y sin vista.
Comente