Noemí Pirela Aguirre reafirmó su denuncia de presunta corrupción y condena injusta contra su hermano, la misma que viene haciendo pública por medio de sus redes sociales, donde rechaza las conclusiones del juicio expuestas por la jueza del Tribunal 5to. de Juicio
Noemí Carolina Pirela Aguirre, junto con su madre, Adelaida Isabel Aguirre, acudieron a la redacción de QUÉ PASA para insistir en su denuncia de presunta corrupción judicial en el juicio y porterior condena a más de 24 años de prisión de su hermano Robinson Pirela Aguirre, junto con otros tres detenidos de los cuales uno murió en cautiverio.
Durante la entrevista, Pirela Aguirre reafirmó su denuncia, la misma que viene haciendo pública por medio de sus redes sociales, donde rechaza las conclusiones del juicio expuestas por la jueza del Tribunal 5to. de Juicio, Rosa María Fernández Abreu.
Junto con Robinson Pirela fueron condenados Fabio Delgado, José Eleazar Villarreal e Isidro Navarro, quien ya falleció.
Cronología de los hechos
Pirela relató que el 26 de agosto del 2021 su hermano viajaba junto con las otras tres personas en un Chevrolet Aveo desde el Táchira hacia Maracaibo, cuando fueron interceptados en Aricuaiza, en el municipio Machiques de Perijá. Allí los detuvieron porque uno de los ocupantes del carro, Isidro Navarro, portaba una cédula de identidad venezolana falsa. Era colombiano.
Navarro, quien murió bajo custodia, admitió haber obtenido el documento de forma fraudulenta porque era paciente de VIH y necesitaba la identidad venezolana para obtener los medicamentos para su tratamiento, de acuerdo a lo declarado por la denunciante.
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En la revisión de los teléfonos de los detenidos, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana encontraron conversaciones «alusivas a la venta de dos avionetas», sin embargo, según Pirela, la venta no se llevó a cabo.
Por otro lado, también resaltó que existe una contradicción con respecto a la revisión de los teléfonos, «no hubo permiso, eso lo hicieron allí mismo (…) «y aunque un funcionario aseguró que ellos accedieron voluntariamente, luego mi hermano me dijo que los habían golpeado para obligarlos», afirmó Noelí Pirela.
«A mi hermano no lo dejaban ver porque estaba golpeado. Eso lo supe yo de boca de mi hermano, pero no tengo pruebas». No fue sino hasta diciembre del 2021, cuatro meses después del arresto, que la familia pudo ver a Robinson.
Presunta corrupción en el Circuito Judicial Penal
Según la denunciante, aunque el último testigo del caso fue escuchado el 15 de enero de 2024, no había conclusiones. Por esa razón, dijo que el 1 de mayo del mismo año se reunió con el entonces presidente del Circuito Judicial Penal del Zulia, Pedro Velazco, ya que «la jueza del Tribunal 5to de Juicio me explicó que la presidencia del organismo no le permitía dar las conclusiones del juicio».
Noelí Pirela afirmó que en dicha reunión con Velazco el ahora exjuez le habría dicho que con una llamada suya liberaban a su hermano. «En una audiencia con Velazco, le pregunté si había algún mandato de más arriba, o que me dijera qué era lo que sucedía, el por qué no se llevaban a cabo las conclusiones».
«Él negó haber dado la orden de retrasar las conclusiones de juicio, que eso es totalmente falso. Que él, con una llamada, me podía ayudar pero que nosotros teníamos que colaborarle con algo», denunció Pirela mientras hacía el gesto de frotar el dedo índice con el pulgar. «Me molesté muchísimo, obviamente, porque me pareció demasiado abuso de su parte».
Cabe recordar que el 20 de noviembre de ese año, Velazco fue arrestado por funcionarios de la DGCIM junto con otros altos funcionarios, incluidos otros jueces y fiscales, por su presunta vinculación con una trama de corrupción y conspiración contra el gobierno nacional.
Se vino la condena
Para ese entonces, Isidro Navarro ya había muerto «de manera inhumana», siendo negada la petición humanitaria, cuando padecía VIH, tuberculosis, neumonía, meningitis y había sufrido un ACV.
«El 14 de agosto, la jueza Fernández realizó las conclusiones y dictó una sentencia condenatoria, no obstante, la sentencia no fue publicada», dijo Pirela.
Cinco días después de la detención de Pedro Velazco, el 25 de noviembre del 2024 publicaron la sentencia de más de 24 años de prisión para los imputados. Para sorpresa de la familia Pirela, en dicha sentencia apareció un acta que nunca se mostró en juicio y donde se afirma que a los detenidos les incautaron 100 kilos con 320 gramos de marihuana.
Al revisarla con detenimiento, notaron que dicha evidencia está fechada el 7 de febrero del 2017, cinco años antes del arresto de Robinson Pirela y sus acompañantes.
Noemí Pirela exibió durante la entrevista un acta policial firmada por un experto de la GNB que certifica que todas las pruebas científicas realizadas al vehículo donde viajaban los imputados dieron negativo a sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Entonces surge la incógnita: ¿Dónde llevaban los más de 100 kilos de marihuana por los cuales los condenaron?
La apelación
El 13 de diciembre del 2024, apelaron a la sentencia y «la Sala II de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Zulia falló a favor de la juez», alegando un «error material», debido a la fecha incorrecta que se había colocado.
Según la denunciante, la Corte de Apelaciones explicó que el error que cometió el juzgado no influye en los fundamentos de la decisión porque había otras pruebas que sí se compaginaban con lo dicho.
Pirela añadió que las drogas no aparecieron por ningún lado y que en el acta policial establece que no se les encontró nada de interés criminalístico, ni ningún tipo de sustancias.
A su vez comentó que «el 19 de marzo del 2025, el representante del Ministerio Público, el fiscal 23, dijo que él no tenía conocimiento de dicha prueba, que él no sabe por qué está allí», según Noemí Pirela, la prueba no fue promovida por el Ministerio Público.
Sentencia
A los detenidos se les condenó con cárcel por 24 años, 6 meses, 7 días, más 12 horas, y se les confiscó el vehículo.
Los delitos por los que fueron imputados por el Ministerio Público fueron el uso de la cédula falsa, asociación para delinquir y por resistencia a la autoridad.
«Le pido, por favor, al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que se aboque a dicha situación, al ministerio del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que se haga una revisión exhaustiva de este caso», rogó Pirela.
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