La ampliación presuntamente ilegal de una vivienda, ubicada en la avenida 2C de la urbanización La Lago, a 50 metros de la avenida Universidad, ya fue denunciada por QUÉ PASA el 14 de junio pasado
Maracaibo – Vecinos de la urbanización La Lago exigen a la Alcaldía de Maracaibo que ordene la demolición de una construcción que, a juicio de los denunciantes, viola la normativa de planeamiento urbano al superar la cantidad de pisos establecidos para esa zona residencial.
En todo caso, dijeron, «deben demoler el piso o los pisos que estén por encima de la ordenanza y dejar la construcción a la altura autorizada», dijo uno de los afectados y quien solicitó que su nombre se mantenga reservado por temor a represalias.
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La ampliación presuntamente ilegal de la vivienda, ubicada en la avenida 2C de la urbanización La Lago, a 50 metros de la avenida Universidad, ya fue denunciada por QUÉ PASA el 14 de junio pasado y fue por esa fecha cuando la obra se paralizó.
Alcaldía guarda sospechoso silencio sobre construcción presuntamente ilegal en La Lago
Desde mediados de junio, hemos intentado ser atendidos por Myriam Galvis, directora de la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), o por Betty Ramos, intendente del Centro de Procesamiento Urbano, para conocer cuál es la posición del ayuntamiento marabino sobre este caso, pero se nos ha negado la posibilidad de acceder a la fuente oficial.
Dos meses más tarde, este 15 de agosto, finalmente nos respondió una periodista de la Alcaldía de Maracaibo para exigirnos revelar los nombres de los denunciantes porque, a su juicio [o el de sus jefes], «las declaraciones se dan cuando existen denunciantes y argumentos sustentados», dijo antes de cortar tajantemente la comunicación.
Poco antes reconoció que «la obra se paralizó porque no cumple con los requisitos, pero para darle respuesta a una denuncia deben existir denunciantes», sentenció, obviando que la publicación de QUÉ PASA sobre la inquietud de los vecinos afectados es, en sí, una denuncia que se enmarca en la función de contraloría social de los medios de comunicación y por ende deben responder.
A la pregunta si la posición oficial de la Alcaldía es que no van a declarar porque no revelamos a los denunciantes, contestó que «para recibir respuesta oficial se debe cumplir con un trabajo periodístico», trabajo que ya se hizo y que ya está publicado como ella misma lo reconoce.
Qué dice la Ley al respecto
A esta persona se le recordó lo que establece el Código de Ética del Periodista Venezolano en su artículo 18 que reza: «El periodista, a quien la fuente haya pedido guardar en secreto su identidad, no deberá revelarla en ningún caso y respetará la decisión de la fuente ante cualquier tipo de presión».
Y que nuestra insistencia en conocer la posición de la Alcaldía responde al artículo 20 del mismo código que establece que: «El periodista debe verificar las informaciones que recibe y recurrir a las fuentes idóneas que le permitan la información de manera veraz»; todo en concordancia con los artículos 51 y 58 de la Constitución nacional.
A juicio de quien escribe esta nota, la respuesta de la funcionaria municipal es, cuando menos, sospechosa, y justifica el temor de los vecinos afectados de no querer que sus nombres se hagan públicos.
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