«Ellos hicieron una ecuación sencilla, dolarizaron y aumentaron progresivamente el precio del producto bajando así la producción» dijo Luis Rodas, ayudante mecánico con más de 15 años de servicios en la empresa
Desde el 2017 Cervecería Regional Zulia ha despedido ilegalmente a más de 350 trabajadores, cuando alegó una baja producción e inminente quiebra, desde entonces quienes lograron mantenerse dentro de la empresa han sufrido acoso laboral.
Tal es el caso de Luis Rodas, ayudante mecánico con más de 15 años de servicios, quien expresó que desde el año 2016 inició su calvario con la violación a la contratación colectiva, «Ellos hicieron una ecuación sencilla, dolarizaron y aumentaron progresivamente el precio del producto bajando así la producción, para luego simular un cierre inminente y bajo la complacencia del sindicato despedir a más de 350 trabajadores donde la gran mayoría estaban en plan de jubilación, destruyendo así el patrimonio familiar de estos trabajadores que dedicaron toda una vida al servicio de esta empresa y hoy claman ayuda al Estado Venezolano».
En toda esta batalla legal Rodas, con una providencia administrativa del ministerio del trabajo a su favor desde el 2018 y además con una sentencia del tribunal laboral mediante un amparo constitucional, lo único que ha logrado es la reinserción laboral acompañada de acoso laboral, permaneciendo aislado del resto de sus compañeros en una recepción de la empresa en la que imperan las altas temperaturas, deteriorando su salud física y mental, cobrando menos del salario mínimo y sin beneficios del contrato colectivo.
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Por otro lado, Senovia Urdaneta, abogada de los afectados, explicó que la sala social del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado Edgar Gavidia, sentenció como ilegal la paralización de las empresas que no cumplieran con los requerimientos de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, para paralizar sus operaciones.
Por su parte, Arnoldo Arápe, ayudante mecánico con 23 años de servicio, explicó que la empresa cerró planta Maracaibo donde laboraban más de 350 trabajadores aprovechando la llegada de la pandemia para trasladar toda su producción a planta Cagua donde su personal tiene menos años de servicios, «pretendiendo así manipular la ley y alegar un cierre técnico amparándose en el artículo 148 de la LOTTT, argumento que se desmonta fácilmente ya que ambas plantas siguen teniendo la misma razón social».
Arápe tiene una providencia administrativa de reenganche a sus labores y pagos de los beneficios del contrato colectivo y de igual manera Cervecería Regional se niega a cumplir o a liquidarlo.
Sin respuesta
Ante esta serie de acusaciones se contactó a Mayra Zambrano, abogada interna de Cervecería Regional y a Alberto Jurado, representante legal externo, y ambos se negaron a dar declaraciones.
Por último, los afectados con esta situación se dirigirán a la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional (AN), a quienes les hacen un llamado pues sienten que han perdido su derecho a defenderse en instituciones como el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, «porque Cervecería Regional no está cumpliendo, queremos hacerle un llamado también al presidente Nicolás Maduro, Tarek William Saab, Fiscal General de la República, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente de la AN, al ministro del trabajo y a toda la sociedad de trabajadores regionales y nacionales, para que levantemos la voz, para defender nuestros derechos laborales, para que no se sigan pisoteando y queden en letra muerta las sentencias judiciales que dictan las instituciones del estado. Esta empresa no acata las decisiones judiciales, ni administrativas, las sentencias de amparo constitucionales de sentencias de reenganches de trabajadores, como tampoco de cancelación de prestaciones sociales», ratificó Rodas.
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