Foto: Hayelee León
La demolición del CEI Dolores Vargas de Urdaneta violó el derecho a la educación.
Maracaibo — La procuradora del Zulia, Yaneth González, introdujo ayer un amparo contra sentencia para solicitar la medida cautelar por la demolición del Centro de Educación Inicial Dolores Vargas de Urdaneta, ubicado en la urbanización Santa María, que afecta la educación de 200 escolares, quienes no han sido reubicados.
González estuvo en compañía de representantes del Ministerio de Educación e Hidrolago, afectados directos por la sentencia catalogada como írrita donde se declara como únicos y exclusivos propietarios del terreno donde se ubica el plantel a Germán Gil y Claribel Bassa de Gil.
«Estamos pidiendo que el juez revoque la sentencia, porque se violan derechos fundamentales como lo son el derecho a la educación y el derecho de propiedad de Hidrolago, la garantía del Estado en la prestación de esos dos servicios, con la supremacía de la protección integral de los niños y niñas. También por la incompetencia del juez (Juzgado Octavo de los municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco) para conocer de este caso. En el mismo escrito se le solicita la orden oficial al registrador para que suspenda dicha ejecución y se pide la desocupación inmediata del —invasor—», detalló la procuradora.
En espera
La medida de amparo fue entregada en la sede judicial de Torre Mara, ante el Tribunal de Primera Instancia y «correspondió en su conocimiento al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta circunscripción a cargo de la jueza, Íngrid Vásquez», según informó González.
Resaltó su confianza en el Poder Judicial a pesar que el amparo obra contra la sentencia de un juez, «yo estoy segura que ha habido amenaza de violación a la garantía de la prestación de servicio y hechos fundamentales del Estado y la sentencia que denunciamos como írrita no solamente abarcó la escuela Dolores Vargas sino también las aguadas de Santa María que desde el año 1953 surten de agua potable a la mitad de Maracaibo y parte de San Francisco». Cabe resaltar que las aguadas que señala la procuradora están dentro del perímetro en discusión.
En una semana máximo «esperamos que el juez decrete la medida cautelar y notifique al juez autor de la sentencia (demandado en el amparo) y a los hoy ocupantes para que se fije la audiencia oral con la participación de los agraviantes (el juez y los esposos Gil) y quienes defenderán por derechos del Estado.
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