Paralizan demolición de colegio

Zulema García, apoderada legal, del presunto dueño, Germán Gil, rechazó la medida contraria a la sentencia que emitió el Juzgado Octavo del municipio. El terreno está siendo comercializado por Rent-A-House por Bs. 169.000.000.

Maracaibo — El caso del Centro de Educación Integral Dolores Vargas de Urdaneta, que fuese demolió durante el período vacacional dejando a 205 menores sin espacios óptimos para la educación, fue asumido por la Procuraduría General de la República y por decisión del Tribunal de Protección al Menor del estado Zulia se ordenó ayer una medida de apostamiento al Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia y ordena abstenerse de efectuar cualquier tipo de demolición.

Los padres y representantes junto al personal directivo, obrero y administrativo permanecieron en las adyacencias del terreno en disputa mientras en el interior los apoderados de quien se define como dueño de la propiedad privada ubicada entre las avenidas 25 y 26 con calles 68 y 69, Germán Gil (ausente en el momento) recibieron la notificación de la medida administrativa de manos de la procuradora general del estado Zulia, Yaneth González.

Fraude procesal

«La Procuraduría General de la República realizará acciones en contra de las personas que de manera ilegal se apoderaron de esta institución con la demolición de una infraestructura donde el Ministerio de Educación tiene 25 años funcionando un centro educativo», dijo González.

La procuradora de estado aseguró: «Aquí se dictó una sentencia por un tribunal del municipio sin ni siquiera notificar al procurador general encargado, Manuel Enrique Galindo Ballestero, toda vez que era una obligación al ser un caso de servicio público y educativo el cual despoja al Ministerio de Educación de los espacios. Dicha acción vicia de nulidad cualquier decisión, estamos seguros que la sentencia tiene que favorecer al estado por cuanto vamos a pelear».

Noticia atrasada

Solo la semana pasada fue que la Procuraduría General del estado Zulia tuvo conocimiento de esta situación apersonándose a evidenciar y revisar todos los expedientes y la documentación, cuando la disputa por estos espacios data del año 2008.

«Este terreno pertenecía en 1975 al estado Zulia quien según documentos debidamente registrados realizó una donación a la Asociación Mujeres de Maracaibo, pero se lo dio sujeto a la condición perpetua que funcionara aquí la protección aquellas madres pobres y a los niños», detalló González.

En cuanto a la situación de la familia la procuradora aclaró: «El señor Gil es una persona que quizás le prestó labores a la asociación, pero no será ni va hacer nunca el propietario de un inmueble donde se presta un servicio público porque evidentemente es un fraude procesal a todas luces. No puedo decir que sea el juez, sino todas aquellas maquinaciones con astucia que pueden hacer las partes para incurrir a la majestad del Poder Judicial en algún error en perjuicio de un tercero, y es que ha pasado en este caso».

Apoderados en defensa

Por su parte, la abogada apoderada de Gil, Zulema García, explicó que siempre el terreno fue de propiedad privada, y ya desde el año 1941 para el funcionamiento de la Asociación Mujeres de Maracaibo, dedicado al funcionamiento del centro materno infantil.

«Para el año de 1983 la presidenta de la asociación, Ana María Rodríguez de Borges, contrata a Germán Gil y al Claribel Bassa de Gil, su esposa, para fungir como conserjes y cuando Rodríguez declina de sus funciones de manera verbal manifestó a Gil que permaneciera en el lugar hasta su muerte», contó la apoderada.

Por años la institución continuó y se convirtió incluso en una guardería de carácter privado y para el año 2005 ingresa personal dependiente del Ministerio de Educación con la representación de María Elena Moreno y en el 2008 inician los conflictos con Gil y acude a la representación legal para solicitar un derecho a la posesión por prescripción adquisitiva al haber vivido más de 26 años con su familia en el lugar.  

Silencio administrativo

García consignó siete comunicaciones recibidas en fechas 5 de mayo, 16 de junio, 8 de julio, 25 de julio, 18 de agosto, 20 de agosto y 28 de agosto ante el despacho de la autoridad única en Educación, Antonio Castejón, para notificar la situación jurídica y posterior sentencia que decretó a Gil con su esposa como únicos y exclusivos propietarios del inmueble.

«Eso es un silencio administrativo, nunca respondieron los oficios y ahora viene con este espectáculo político, mi defendido tiene cuatro niños que son sus nietos y tienen derecho a una vivienda», aseguró la abogada ante la notificación de medida del Juzgado del Menor.

La asesora jurídica de la Zona Educativa, Ana Puerta, indicó tener conocimiento anticipado del caso donde han procurado la defensa de los derechos a la educación de los pequeños sobre el de los particulares como lo establece la ley. «Ahora queda esperar qué deciden los organismos judiciales sobre los espacios demolidos. Entretanto debemos ubicar un lugar para garantizar la continuidad de la educación a 205 niños inscritos en el CEI Dolores Vargas de Urdaneta», informó.

Lo están vendiendo

Causó curiosidad en medio de la cobertura periodística que el terreno era ofrecido en venta por la inmobiliaria Rent-A-House con el número de atención 0424-6039935, cuando al llamar la asesora al ser consultado por dicha propiedad en disputa dijo que se vende por 169.000.000 bolívares.

Autoridades entregaron oficio con la medida de apostamiento policial y prohibición de demolición a los abogados de Gil

Padres y representantes fueron notificados de la reubicación del plantel para iniciar el nuevo año escolar

El día jueves Germán Gil (en la imagen) mostró a QUÉ PASA los 571 metros cuadrados que donó a la escuela

Fotos: Hayleén León/Miguel Romero