Foto: Archivo
El secretario general de Gobierno, Blagdimir Labrador; y la titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Noelí Pocaterra, se reunieron el viernes por la tarde con los invasores de la hacienda El Capitán, en Machiques de Perijá, al parecer, para encontrar una solución que ponga fin a la situación de miles de litros de leche que se producen en la finca agropecuaria, según indicaron fuentes de la Gobernación.
El contenido de la reunión no trascendió ni el viernes ni el sábado. Este periódico intentó ayer vía telefónica en numerosas ocasiones, pero sin éxito, conocer el resultado del encuentro a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Las llamadas, tanto del viernes, como del sábado, se efectuaron al coordinador de prensa de la citada secretaría, Víctor Paredes.
No obstante, todo apunta a que en esa entrevista los representantes de la Gobernación del estado Zulia conminaron a los invasores a que permitieran la extracción de los cuatro mil litros de leche diarios que, pese a la ocupación ilegal, continúan produciéndose en esa hacienda.
60.000 litros perdidos
Hasta el momento, los invasores han dejado perder 60.000 litros de leche, ya que impiden que los camiones cisterna y los trabajadores de la hacienda ingresen a la finca. De hecho, son algunos empleados quienes se ven obligados a desparramar la leche en las instalaciones, ya que fermenta y no es apta para el consumo humano.
Los invasores se han apropiado ya de 2.152 hectáreas de las 3.261 que conformaban esta exitosa explotación agropecuaria.
Las 1.109 hectáreas restantes y que no fueron invadidas «no entran en la poligonal de la demarcación y, por ende, le pertenecen al propietario de la finca. Aquellas hectáreas tienen un proyecto social que va a beneficiar a la comunidad yucpa que convive a los alrededores. Pero, el grupo que permanece en la finca también quiere estas tierras y no aceptan la explicación técnica», informó en su momento Gladys Márquez, de la comisión demarcadora en Machiques.
Propiedad documentada
Los propietarios de la hacienda —la familia García Ortín— tienen documentada la compra de los terrenos al Gobierno venezolano desde el 20 de agosto de 1920. Dos días antes, el 18 de ese mes, la Gaceta Oficial publicó la adquisición de los terrenos. Previamente, José Trinidad García entregó la documentación al Congreso Nacional. El entonces presidente de la República, Victorino Márquez Bustillos rubricó la operación.
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