Maracaibo — Unos 200 niños matriculados en el Centro de Educación Inicial Dolores Vargas de Urdaneta, ubicado en la avenida 26 entre calles 68 y 69 del sector Santa María, no iniciaron el año escolar 2014-2015 a la espera de una sentencia judicial contra el ocupante del terreno que demolió en agosto de 2014 parte de la institución.
La directora del preescolar, Norma Yánez, acudió a la sede de este rotativo para enviar un mensaje al juez de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Héctor Peñaranda, para que dicte la sentencia que restituya el derecho a la educación de los estudiantes, sobre el derecho de una familia en particular.
«Las madres, padres y representantes se preguntan dónde queda el artículo 8 de la Lopnna parágrafo segundo: En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a los derechos en intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros», dijo Yánez al juez.
En este caso existe un conflicto de derechos, pero ha prevalecido el derecho de la familia Gil, que vive en las instalaciones de la escuela, mientras los niños y niñas pierden el año escolar.
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