Cabe destacar que varias urbanizaciones y sectores han colocado portones en las calles y veredas de su comunidad por seguridad, sin permiso municipal
Declaración del Alcalde @willy_casanova relacionada con la controversial remoción de un porton que impedía el libre tránsito a los vecinos de la comunidad Chiquinquira ll, sector Ciudadela Faría, arbitrariamente colocado por el condominio del urbanismo Molinos de Viento pic.twitter.com/UCx6mqj3Jz
— Diario Qué Pasa (@DiarioQuePasa) June 13, 2018
Foto: Cortesía
Maracaibo- La alcaldía de Maracaibo ordenó la desincorporación de un portón que impedía el libre transito de la comunidad en el sector Ciudadela Faría, específicamente en la comunidad Chiquinquirá II, en el urbanismo Molinos de Viento, de la parroquia Idelfonso Vázques.
El portón estuvo ubicado en el sector ya mencionado por dos años, impidiendo así el paso de sus habitantes, obligándolos a cruzar una cañada para lograr tener acceso a a doble vía de Ciudadela Faría, lo que es un atentado a los derechos de libre tránsito.
La dirección de Gestión Urbana fue la encargada de ejecutar la ordenanza del alcalde del municipio Willy Casanova. Hasta el momento, hay 25 denuncias formalizadas y más de 40 casos de portones en situación ilegal, que próximamente serán atendidos para poner orden urbanístico en pro del recate de Maracaibo.
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Cabe destacar que varias urbanizaciones y sectores han colocado portones en las calles y veredas de su comunidad como medida de seguridad; entre ellos: Urbanización San Rafael, San Miguel, La Estrella, El Naranjal, Los Olivos, Las Lomas, Valle Claro, Scor La Floresta, La Victoria entre otros, sin ninguna permisología municipal, violando así los derechos ciudadanos.
En contexto
En una visita a QUÉ PASA, la máxima autoridad municipal informó estar en desacuerdo con que los residentes de una calle o comunidad se tomaran la atribución de obstruir las calles, sin antes consultarlo con los encargados de la administración urbana; sin embargo la alcaldía no podía quitarlos ya estaban ubicados allí por proteger y garantizar la seguridad de las familias que allí residen, y hasta que no se elaborara un plan de seguridad confiable, no se puede ordenar la desincorporación.
Las comunidades se preguntan: ¿Ya está garantizada la seguridad?
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