Alcaldía debe recoger la basura y evitar barricadas

El máximo tribunal del país comenzó con los municipios Baruta y El Hatillo, pero Maracaibo presenta los mismos problemas. Ya el presidente del Imau fue imputado por el Ministerio Público

¡Se acabó la guachafa! El Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional, en decisión 135, del 12 de marzo de 2014, admitió la demanda de protección de intereses colectivos y difusos, interpuesta por el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández, «en contra de los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente. Con lo que se les ordenó que sus policías eviten la colocación de barricadas y la acumulación de basura por falta de recolección.

El TSJ ordenó a los funcionarios que dentro de los municipios en los cuales ejercen sus competencias, realicen acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, con el fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de personas y vehículos.

De esa forma, la sentencia del organismo dispone «la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a estas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana».

Con esto se crea el precedente y jurisprudencia necesaria para que los habitantes de Maracaibo vean una luz al final de los malos olores y el peligro de una endemia por la proliferación de basura producto de la «guarimba» y la actitud relajada de las autoridades municipales ante estos hechos.

Imputado

Ante las solicitudes de medidas ambientales realizadas por el Ministerio Público en seis municipios del país, fue imputado el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) de la Alcaldía de Maracaibo, Melvin Velásquez, por no ejecutar planes de emergencia de manejo integral de los residuos y desechos.

Así lo informó el director de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, Abigail Rodríguez, en el programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela.

En dicho espacio destacó que Velásquez fue imputado por la presunta comisión del delito de disposición indebida de residuos o desechos sólidos no peligrosos, previsto y sancionado en la Ley Penal del Ambiente.

Conviene destacar que las referidas medidas fueron solicitadas, y acordadas por tribunales de control, en los municipios: Libertador (Mérida), San Cristóbal (Táchira), Maracaibo (Zulia), Naguanagua, Valencia y San Diego (todos de Carabobo).

En ese sentido, Rodríguez resaltó que entre las medidas judiciales solicitadas contra las alcaldías está la realización de jornadas especiales de recolección de desechos sólidos y saneamiento ambiental, bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

A esto se adelantó Velásquez y ayer declaró: «Tenemos asignados para estas actividades 1 shower, 20 camiones compactadores y más de 10 camiones volteo. Asignamos aproximadamente a 200 hombres y mujeres para la ejecución de las faenas. 60 por ciento del material que recogemos son escombros y árboles».
Indicó que pese a los esfuerzos realizados para retirar los desechos de las diferentes arterias viales, lugares como Palaima y la avenida Padilla, específicamente en las zonas aledañas a las Torres del Saladillo están tomadas por los cuerpos de orden público y son de difícil acceso.

Fue enfático en decir que «los camiones pueden ser atacados y por ello ha pedido apoyo al Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), y a la Guardia Nacional Bolivariana sin recibir respuesta positiva».

¿Y Polimaracaibo?

Sin embargo, la Alcaldesa había explicado que Polimaracaibo es un cuerpo de seguridad administrativo, que se encuentra en la calle mediando con los manifestantes para evitar el cierre de las vías públicas. Acotó que más de 350 camiones y 500 trabajadoras y trabajadores del Imau, se encuentran atendiendo diversas zonas como el Bulevar 5 de Julio, la Plaza de la República, Bella Vista, entre otros puntos para recoger barricadas y reabrir las calles.

La basura en las calles no dice lo mismo. Toca decirle a la alcaldesa Eveling Trejo que recuerde el dicho: Cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas en remojo. La sentencia del TSJ le puede tocar la puerta pronto.

Legisladores de oposición reclaman actos no aprobados
«Guarimbas» calientan posiciones en el Clez

Maracaibo — Diputados del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Eliseo Fermín, Marlene Antúnez, Gerardo Antúnez e Iraida Villasmil, fijaron posición sobre hechos suscitados en la ciudad de Maracaibo a propósito de las protestas de estudiantes y sociedad civil. Igualmente, denuncian que parlamentarios oficialistas en nombre de la institución, publican comunicados en los medios de comunicación, cuyos contenidos no han sido discutidos y aprobados en las sesiones.

A propósito de las protestas que se han llevado a cabo en el estado y sobre el acuerdo publicado en nombre del Clez, el día miércoles doce de marzo en los diarios de la ciudad, el diputado Eliseo Fermín manifestó que se acordó una recolección de firmas para responsabilizar a la alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales por las protestas, en lugar de recoger los grupos armados y ofrecerles seguridad.

El diputado Fermín, basándose en el artículo 68º de la Constitución, exhortó al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas que aplique a los colectivos simpatizantes del Gobierno, el apartado donde señala que «los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas».

Asimismo, los legisladores ante el Clez por el Psuv, Betty Zuleta y Henry Ramírez, se pronunciaron para rechazar las declaraciones emitidas por el parlamentario de la oposición, Eliseo Fermín, quien junto a la Alcaldesa niegan que se estén financiando los acciones de «guarimbas» que se han mantenido en las Torres del Saladillo.