Gonzalo Méndez y Ángel Francisco Paz visitaron la sede de QUÉ PASA
Foto: Rysser Vela Capó
Los denunciantes detallaron que la demanda se introdujo por lesiones culposas graves ante el Juzgado Segundo de Control de Maracaibo en 2010, sin embargo, se extravió una investigación fiscal de 321 folios cuya nomenclatura es 24f132129-2005 hecha por la Fiscalía número 13
Maracaibo — Gonzalo Méndez y Ángel Francisco Paz visitaron la sede de este rotativo para denunciar «el fraude procesal penal cometido por el fiscal, ya destituido, Carlos Chourio», a quien acusan de «haber ocultado un expediente y sustituirlo por otro falso durante una investigación laboral que se inició tras una demanda introducida por nosotros, a las empresas Petrobras de Venezuela y Serenos Nacionales Zulia (Senazuca), por no habernos proporcionado equipo laboral de protección durante un accidente laboral que nos trajo nefastos efectos de salud».
Los denunciantes detallaron que la demanda se introdujo por lesiones culposas graves ante el Juzgado Segundo de Control de Maracaibo en 2010, sin embargo, se extravió una investigación fiscal de 321 folios cuya nomenclatura es 24f132129-2005 hecha por la Fiscalía número 13.
Después, el mismo expediente pasó a la Fiscalía Número 11 bajo la nomenclatura 24f1107112007, pero quien recibió el documento fue el fiscal Carlos Chourio «y él en vez de seguir con ese mismo número de expediente, lo modificó con el fin de ocultarlo y darle sobre seguimiento de la causa. Esto con el fin de que la empresa Petrobras de Venezuela y Sinazuca quedaran libres del compromiso de la sanción penal que les tocaba», dijo Méndez.
Detalles del incidente
Recordó Méndez que «nosotros metimos la demanda porque en el 2005 tuvimos un accidente laboral en el pozo 631 La Pringamoza en La Concepción, donde se liberó el gas h2s ácido sulfhídrico que nos trajo diversas patológicas».
«Nos dio síndrome de ojo seco, bronco ectasia, diabetes prematura, nos afectó el hígado y ocasionó problemas en tensión, y eso pasó porque éramos vigilantes de un desalojo de 50 viviendas y durante nuestras labores, las empresas nunca nos dieron protección, violando así la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)».
Destacaron que el extravío del expediente ha estancado el proceso de investigación del caso: «y los jueces aceptaron eso, por lo que ellos también son cómplices de esta situación, entre ellos Yorman Villasmil y Patricia Nava Quintero. Pedimos que se haga justicia y nos permitan continuar con el proceso legal y se haga justicia con nosotros», exclamó Méndez.
Los denunciantes explicaron que pese que lograron ser incapacitados y reciben un salario, este no toca el sueldo mínimo actual ni siquiera.
«No es posible que no se nos haya indemnizado ni siquiera con un 20% del monto que realmente nos correspodía, son muchos los años que tenemos luchando por que las empresas nos paguen ya que los daños de salud que tenemos los padeceremos de por vida», dijo Méndez.
Los agraviados reiteraron su llamado a las autoridades pertinentes para que metan mano dura en los procesos penales y judiciales que se desarrollan en la entidad zuliana y toda Venezuela.
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