A través de un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo critica un informe de la OEA publicado este miércoles y que, según el Gobierno venezolano, fue elaborado «sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos denunciados»
El Gobierno venezolano denunció este jueves que la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende «interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable» en «el funcionamiento independiente» de la Corte Penal Internacional (CPI).
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A través de un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo critica un informe de la OEA publicado este miércoles y que, según el Gobierno venezolano, fue elaborado «sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos denunciados».
Dicho informe, presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el asesor especial sobre la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Genser, «reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014».
Además, «condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes», según recoge un comunicado de la OEA.
Almagro volvió a pronunciarse este jueves en Twitter donde subrayó la necesidad de «una Corte Penal Internacional fuerte que asuma responsabilidades y que no deje espacio para que los dictadores sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad», si bien no mencionó de forma directa a Venezuela.
El Gobierno tacha de «infame» el informe
Ante esta situación, el Gobierno venezolano replicó en su comunicado con un «categórico rechazo al infame informe» que, consideran, tiene como objetivo «cuestionar el trabajo de la CPI, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela».
El Ejecutivo también critica a Almagro, de quien dice que «no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas».
En su opinión, la OEA desconoce la personalidad jurídica de la CPI, sus funciones y atribuciones.
«Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de la Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo», agrega el comunicado.
Por eso, creen que el informe carece «de toda base jurídica en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, constituye una evidente operación de propagada contra las instituciones venezolanas y sus autoridades».
Finalmente, el Gobierno venezolano «recuerda que la OEA y su secretaría general no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales».
La CPI examina el caso desde 2018
La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En la actual fase del examen preliminar, se le pide información a las autoridades venezolanas para determinar si sus propias indagaciones y procesos judiciales sobre dichos delitos son fidedignos.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad.
Lea aquí el comunicado íntegro:
Gobierno Bolivariano rechaza categóricamente informe presentado por Luis Almagro sobre la CPI
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo al infame informe presentado el día 2 de diciembre de 2020 por Luis Almagro, con el objetivo de cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela. El individuo que funge como Secretario General de la anquilosada OEA no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas.
El referido informe, elaborado sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos enunciados, pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable, en el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional, al desconocer su personalidad jurídica, sus funciones y atribuciones. Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo, tal como lo establece el artículo 42 del Estatuto de Roma.
En este sentido, el documento publicado, carente de toda base jurídica con relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades, al tiempo que confirma ante la comunidad internacional la infeliz y recurrente práctica del desgastado Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al ejercer acciones recurrentes que violan la Carta constitutiva de la OEA, su normativa interna, los principios más elementales del derecho internacional y que además carecen del mandato unánime necesario de los Estados Miembros de esa Organización.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, recuerda que la OEA y su Secretaría, no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros. Mucho menos en Venezuela, Estado que al denunciar la Carta de la OEA en abril de 2017, y tras cumplirse los lapsos previstos, no es miembro a esa Organización, ni volverá a pertenecer jamás a ella.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, Luis Almagro se sitúa al frente de la ofensiva contra Venezuela, pretendiendo generar caos y violencia, tal como lo hizo en Bolivia en el golpe de estado del 2019. Sin embargo, próximo domingo 6 de diciembre, el pueblo venezolano le brindará otra lección de soberanía democrática al Sicario General de la OEA, así como a cualquier actor externo que pretenda intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
Caracas, 03 de diciembre de 2020
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