Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal Venezolano y proponente de la Ley de Amnistía
Foto: Agencias
El proyecto presentado el pasado lunes ante una comisión parlamentaria «aglutina todos los papeles de trabajo realizados por los distintos grupos», dijo Romero
Caracas — Luego de la presentación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional por parte de sus proponentes QUÉ PASA se comunicó vía telefónica con el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, para que detallara los alcances de este proyecto.
Sobre los casos emblemáticos como el de Manuel Rosales y Leopoldo López el jurista explicó:
«Es perfectamente válido que se amnistíe a Leopoldo López no hay una sentencia definitiva, además que la violación de los DD HH implica dos cosas: que sea sistemático y que sea un funcionario que trabaje para el Estado, cosas que no se cumplen en este caso».
Sobre el líder del partido Un Nuevo Tiempo aclaró que «Manuel Rosales y el general Raúl Baduel, cuyas causas son de tipo administrativo civil, —y que en el caso de Baduel está condenado— no tienen base legal. Más aún en el caso de Rosales donde ni siquiera hay una sentencia, es más, no se ha iniciado el debido proceso».
Declaró que estas «inconsistencias legales parten del problema que los Tribunales trabajan bajo presión o al servicio del Gobierno nacional».
Argumentó que este proyecto «presenta novedades entre las que se incluye la identificación de los beneficiarios; procedimientos especiales para individualizar la amnistía; la suspensión de las condenas y los procedimientos administrativos y penales; así como también la constitución de una comisión especial para hacer seguimiento a los casos».
La polémica
La letra menuda de este proyecto también deja colar la «posible indemnización por parte del Estado de todos aquellos empresarios que se vieron afectados por las expropiaciones con fines políticos».
De igual manera abarca «todos los sucesos sucedidos desde 1999», es decir que en la amnistía entrarían los responsables del paro petrolero que arrojó pérdidas milmillonarias para el país.
En el mismo saco
«Hay casos en Venezuela donde se han establecido persecuciones sistemáticas contra empresarios en todos los ramos para usarlos como propaganda política. En el proyecto nuevo se eliminó la carta abierta a los banqueros», por lo menos a algunos, según señaló Romero.
No obstante, señaló que en el caso específico de Nelson Mezerhane «hay una serie de hechos que comenzaron con una falsa acusación de haber participado en la muerte del fiscal Danilo Anderson, eso es una historia de manipulación de la justicia».
De igual manera, apuntó que los directivos de la firma de Econoinvest fueron presos políticos y los acusaron de la debacle financiera en el país, eso fue falso. Ahí tienen otro ejemplo de quienes entrarían en esta ley.
Al ser consultado por el caso de ABA Mercado de Capitales y su presidente Enrique Auvert quien estafó a familias e instituciones zulianas por un monto de 80.000.000 de dólares, el jurista dijo: «Desconozco el caso a profundidad, pero así como lo enuncias no sería posible que se amparara bajo el documento presentado, porque no es un perseguido político».
No está claro si Eligio Cedeño, quien se fugó del país luego que le fuera ordenada la libertad condicional y bajo fianza por la jueza María Lourdes Afiuni,
Los proponentes
Esta propuesta se basa fundamentalmente en los proyectos de Amnistía presentados por el Foro Penal venezolano; y por Justicia y Proceso Venezuela, Justicia Venezolana y Centro Popular de Formación Ciudadana, conjuntamente con la organización con fines políticos Voluntad Popular, asistidos por un equipo jurídico de la última organización conformado por los abogados Sujey De Sousa, Lewis Arvelo, Rafael Zambrano, Joaquín Peñaranda y Héctor Fuentes.
Fue analizado además para ser sumado como valioso aporte a la propuesta final, el anteproyecto elaborado por la diputada Delsa Solórzano, con el apoyo de la profesora Magaly Vásquez.
Por ley o decreto
Los proponentes de la amnistía trabajaron a dos vías: Que la Asamblea Nacional apruebe la nueva normativa de amnistía por la vía de una ley o un decreto administrativo.
«Constitucionalmente las dos son perfectamente válidas; la diferencia es que el decreto no está sujeto al proceso regular de formación de las leyes, es decir, puede ser aprobado en una sola discusión, mientras que la Ley de Amnistía sí está sujeto a una suerte de control previo presidencial, que no es definitivo, pero sí dilata el procedimiento», acotó Romero.
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