El gobernador es acusado de seis cargos, entre ellos reconducción de presupuesto fiscal y convenios de cooperación que debieron ser aprobados por la AN
Foto: Agencias
Miranda — Inhabilitado. Así quedó Henrique Capriles Radonski luego de que ayer la Contraloría General de la República emitiera una sanción administrativa en contra del gobernador del estado Miranda que lo inhabilitará por 15 años.
Seis cargos se le imputan:
1. Presupuesto reconducido del año fiscal 2010 y 2013. La Contraloría alega que debió hacerse un Proyecto de Ley de Presupuesto.
2. Convenios de Cooperación Internacional (ejercicio fiscal 2010 y 2011). La Contraloría alega que debió pasar por la aprobación Asamblea Nacional, de mayoría oficialista en ese momento.
3. Publicidad institucional, con la empresa Venevisión y Venevisión Plus. La Contraloría alega que debió aplicarse modalidad de selección de contratistas.
4. Seguro funerario. La Contraloría alega que fueron pagados anticipos de 40% sin estar establecidos en el pliego de condiciones.
5. HCR y Servicios Funerarios. La Contraloría alega que no se asignaron los créditos necesarios a la partida.
6. Contrataciones varias. Se trata de 12 contratos entre los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, cuyas Fianzas de Fiel Cumplimiento se constituyeron posterior a la suscripción de los contratos.
Cabe destacar que dicha sanción es un tipo de acto administrativo que consiste en una sanción por parte del Estado, como consecuencia de una conducta ilícita del administrador, en este caso el mandatario regional.
Los expertos hablan
QUÉ PASA conversó en exclusiva vía telefónica con el Dr. en derecho público y profesor de LUZ, José Molina, quien sostuvo que la medida le impide ser candidato a futuras elecciones una vez termine su mandato, es decir que el dirigente de oposición podrá seguir ejerciendo como gobernador hasta terminar su período.
Denunció que solo se puede inhabilitar políticamente para el ejercicio de cargos públicos a quienes se les ha dictado una sentencia penal firme, «Aquí las sentencias son hechas por vía administrativa por el Contralor», refirió.
Aseguró que el Ejecutivo teme que estos dirigentes puedan ganar unas futuras elecciones presidenciales y destacó el caso de Leopoldo López y Manuel Rosales.
Asimismo, la Dra. María Alejandra Díaz -abogada constitucionalista- destacó que la Contraloría puede, según la Constitución, aplicar sanciones si hay una conducta que se pueda tipificar como delito.
Explicó que esta sanción administrativa deriva en una inhabilitación política porque un funcionario público al cual se le pruebe la responsabilidad en el mal manejo de fondos, tiene una disminución en la capacidad para administrar esos fondos públicos. También precisó que no está afectado su derecho al sufragio.
La ofensiva
Los juristas coincidieron en que el gobernador puede apelar a la pena a través de varios mecanismos, el primero es introducir un recurso de reconsideración ante la misma Contraloría, cuya presidencia se encuentra a cargo de Manuel Galindo Ballesteros. El segundo es ingresar un recurso de nulidad o de amparo constitucional ante la Sala Política o la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, esta medida podría ser desestimada considerando el conflicto con el ente judicial.
También cabe la posibilidad de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que esta expida una medida cautelar a favor del político.
Pronunciamiento
Capriles Radonski se dirigió al país la noche de ayer y afirmó que seguirá en campaña para cambiar el rumbo del país por lo que exhortó a participar en la marcha de hoy en todo el país. Ratificó que continuará al frente de la gobernación hasta que finalice su periodo y entregará el mandato «a quien el pueblo elija».
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