Hinterlaces: 46.6 % cree que Leocenis García fue inhabilitado para impedir que ganara la Alcaldía de Caracas

Según la defensa de Leocenis García, éste es «inhabilitable» por Contraloría, ya que no reúne  los requisitos para que la Contraloría pudiera inhabilitarlo, porque jamás ha sido funcionario público

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Pese a lo que afirmó recientemente el ex candidato presidencial, Henrique Capriles, Tomas  Guanipa tiene una intención de voto 9,6 %, (está de último). Antonio Ecarri ttiene 13,6 %, mientras Leocenis García tiene 23,4 % y Carmen Meléndez lidera hoy la intención de voto con  35,5 %.

50.0 % de los encuestados  cree que el apoyo de gran parte de los partidos de la oposición le daba una mayor probabilidad de ganar a Leocenis García

Mientras que por otra parte entre los que definitivamente votarían por Leocenis García y los que pudieran votar sumaba una intención de 52 %.

Leocenis García fue inhabilitado recientemente por Contraloría General de la República

Según la defensa de García, éste no es «inhabilitable»,  por Contraloría, ya que no reúne  los requisitos para que la Contraloría   pudiera inhabilitarlo, porque jamás ha sido funcionario publico.

«A mi solo me puede inhabilitar el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo no tengo sentencia condenatoria en ningún tribunal de la República. Mi inhabilitación es ilegal, y una violación a mis derechos humanos. Porque vulnera mi derecho a elegir y ser elegido. Derechos políticos. La inhabilitación como han denunciado los rectores representantes de la oposición se da sin que yo sea funcionario público, o haya sido funcionario público en el pasado , ni tenga sentencia firme de ningún tribunal del país» ha dicho recientemente García en rueda de prensa.

El Recto Roberto Picón  ( Rector del Consejo Nacional Electoral) ha dicho que la inhabilitación de Leocenis García sea da una vez que: «(…) anunció  su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular, pero fue sorprendido por decisiones de última hora que no les fueron debida ni oportunamente notificadas».

Picón señaló que en el artículo 65 de la Constitución venezolana se establece que no podrán optar a un cargo de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político ( Que no es el caso de Leocenis García que ni siquiera ha sido funcionario)

«Con tales previsiones constitucionales, se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa», indica Picón.

El rector dijo que la exigencia de la sentencia definitiva «pretende tutelar el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas, todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución», unos preceptos que, a su juicio, fueron obviados en el caso de García.

«Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mutan en su diseño constitucional de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos», expresó.

Agrega que a eso se suma «el agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla, dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional, cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales».

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también compartió la postura de Picón y agregó, en su cuenta de Twitter, que «el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos».