La acusación contra Maduro y Flores, reemplaza a la dictada anteriormente e incluye hechos documentados a lo largo de más de dos décadas, afectando tanto a ciudadanos venezolanos como a nacionales estadounidenses

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este jueves una nueva acusación formal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, incorporando cargos por conspiración para cometer tortura.

La acción judicial amplía el proceso en curso contra la pareja tras su detención e inicio de juzgamiento en territorio estadounidense.

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La acusación reemplaza a la dictada anteriormente e incluye hechos documentados a lo largo de más de dos décadas, afectando tanto a ciudadanos venezolanos como a nacionales estadounidenses.

Claves del anuncio judicial:

Nuevos cargos: Imputación por conspiración para cometer tortura, sumándose a los procesos preexistentes por narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas.
Marco temporal: Investigaciones derivadas del arresto de Maduro el pasado 3 de enero de 2026.
Declaración oficial: A través de sus canales oficiales, el fiscal Blanche destacó que desde la captura de la pareja, «el Departamento de Justicia ha estado trabajando para descubrir la extensión de sus supuestos crímenes contra el pueblo de Venezuela y de Estados Unidos».
Compromiso institucional: Las autoridades estadounidenses enfatizaron que las acusaciones adicionales responden al compromiso del Departamento de Justicia para impartir justicia a las víctimas del crimen organizado y violaciones a los derechos humanos.

Con este nuevo documento acusatorio, la justicia estadounidense consolida y amplía el expediente penal en contra de la pareja formalmente bajo su custodia.

Y detallaron las supuestas torturas

Un documento de 30 páginas de la acusación señala que la estructura gubernamental recurrió a asfixias, descargas eléctricas, agresiones sexuales, desnudez forzada, aislamiento en celdas de castigo, privación de alimentos y amenazas violentas contra familiares de las víctimas.

Estas acciones coinciden con los hallazgos presentados por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que advirtió sobre la articulación entre organismos de seguridad, la administración de justicia civil y militar y colectivos armados.

El expediente, presentado por el fiscal James M. McDonald, sitúa a Maduro y Flores al frente del denominado Cartel de Los Soles y sostiene que facilitaron operaciones de narcotráfico en complicidad con la Fuerza Armada Nacional y grupos armados como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

Roles en la cadena de mando e implicación de colaboradores

El documento judicial ubica a Nicolás Maduro como el principal responsable de disponer arrestos al margen de la ley y de instruir directamente la aplicación de tormentos a los prisioneros. A Cilia Flores la señala por contribuir a «desarrollar este sistema de represión» y ordenar torturas contra ciertas personas «para proteger las actividades ilegales de sus familiares».

La acusación identifica además a tres colaboradores clave mediante identificadores. El denominado CC-1, un alto funcionario, es acusado de ordenar «el asesinato de ciertas personas que se oponían a Maduro Moros o a su régimen», de coordinar traslados de estupefacientes y de amenazar «personalmente con asesinar al hijo de un preso como forma de tortura psicológica».

Por su parte, «otro alto funcionario venezolano que reportaba directamente a Maduro Moros («CC-2») desarrolló métodos de tortura que presentó a Maduro para su aprobación, dirigió una agencia responsable de torturar a decenas de víctimas y autorizó personalmente la detención ilegal y la tortura de personas específicas».

Bajo el mando de este último actuaba CC-3, quien recibía órdenes directas de CC-2 para ejecutar y supervisar agresiones contra civiles y militares a los que «se consideraba una amenaza para el gobierno de Maduro».

Entre los casos destacados se describe la detención arbitraria de un ciudadano estadounidense expuesto a ahogamientos simulados, descargas eléctricas en los genitales, golpes, inyecciones de sustancias desconocidas y privación de agua y comida.

Las investigaciones de las autoridades judiciales estadounidenses señalan que Nicolás Maduro y Cilia Flores respaldaron los arrestos arbitrarios de integrantes de la Fuerza Armada durante las manifestaciones de 2014 con el fin de extraerles información mediante tormentos físicos.

Entre los expedientes destaca el del fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, hacia quien el exgobernante instruyó un trato degradante específico. En reuniones donde participaba Cilia Flores, solía indagar si el dirigente continuaba «sintiéndose arrogante», ordenando profundizar las agresiones si la respuesta era afirmativa; un funcionario llegó a calificar a López como «un prisionero de Maduro».

El documento abarca asimismo el caso del exefectivo del Cicpc Óscar Pérez (Oficial-4), asesinado en una operación transmitida por medios de comunicación tras sublevarse públicamente, así como el de un civil presuntamente vinculado a él (Víctima-4). Este último sufrió dos detenciones y tormentos físicos para forzarlo a revelar la ubicación de Pérez, incluyendo amenazas de muerte contra su hijo, hasta que logró huir del país en 2018.

Dentro de las pruebas se recopilan las agresiones hacia una persona arrestada por el denominado «caso de los drones» de 2018 (Víctima-5) y el homicidio del exconcejal de Primero Justicia Fernando Albán (Víctima-6), quien falleció en la sede del Sebin Plaza Venezuela tras ser víctima de torturas y arrojado desde una ventana, conforme a las denuncias presentadas reiteradamente por sus familiares.

Adicionalmente, el expediente incluye la detención en noviembre de 2017 y la posterior condena por supuesta corrupción de seis directivos de la empresa Citgo, cinco de ellos con ciudadanía estadounidense. El funcionario CC-1 admitió en privado que tales encarcelamientos buscaban ejercer presión sobre el gobierno de Estados Unidos en medio de negociaciones bilaterales.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) figura como una de las instituciones clave en las ejecuciones de torturas registradas en el escrito judicial. A lo largo de varios períodos abarcados por las investigaciones, el organismo permaneció bajo el mando del general Hugo Carvajal, quien aparece imputado junto a la pareja por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Control sobre la judicatura y violencia vinculada a redes de narcotráfico

La Fiscalía precisa en las páginas 10 y 11 cómo la administración de justicia se instrumentalizó mediante presiones a los magistrados. Un juez identificado como oficial-2 recibió en 2022 la instrucción de acatar dictámenes superiores a cambio de un pago mensual de 1.000 dólares. Cuando el funcionario intentó rechazar la inhabilitación de dirigentes opositores, agentes de la Dgcim arrestaron y agredieron a sus allegados.

En la acusación se documenta que «por ejemplo, a uno de ellos (‘Víctima 1’) se le obligó a beber agua de letrina, lo atacaron con gas lacrimógeno en su celda, recibió amenazas de que lo matarían a tiros, y fue recluido en una habitación fría conocida como ‘el Congelador’, donde dejaban encendida una luz brillante a toda hora y ponían música repetidamente a gran volumen. Finalmente, oficial-2 cedió y bloqueó la candidatura de las figuras opositoras».

Las investigaciones agregan que la utilización de castigos físicos por parte del entorno de Maduro se remonta a 2006, vinculándose también al cobro de deudas del narcotráfico y a la disciplina interna de sus esquemas de seguridad.

Según la acusación, en las reuniones donde se decidía el trato a los detenidos políticos y civiles, «Maduro Moros, a veces, preguntó qué se le estaba haciendo a un detenido y se le proporcionó una descripción de la tortura como choques eléctricos, golpizas o ahogamientos simulados».

El texto incluye que «si un detenido se negaba a hablar, Maduro Moros haría preguntas que incluían ‘qué podemos hacer para que hablen’ y alentaría a traer presión adicional. En ocasiones, Maduro Moros hizo sugerencias para técnicas particulares de tortura, diciendo ‘no los dejes dormir’ o ‘echa agua sobre ellos’, a veces riéndose después de escuchar».

Vinculación con el narcotráfico y entorno familiar

Los señalamientos por narcotráfico que pesan sobre la pareja se remontan a 2006. En ese período, la representación fiscal estadounidense indica que el exgobernante dio órdenes a «miembros de sus equipos de seguridad secuestrar, golpear y asesinar a quienes les debían dinero por drogas o perjudicaban de otra forma sus operaciones de narcotráfico. Por ejemplo, Maduro Moros ordenó el asesinato de un jefe local de la droga en Caracas, Venezuela, que se había atrasado en los pagos».

Para el año 2010, los fiscales documentaron la aplicación de golpizas con armas y palas, disparos en las extremidades inferiores e incluso la agresión sexual con un palo de escoba contra un escolta considerado traidor, a quien acusaron de desviar cargamentos para provecho personal.

La acusación salpica al hijo del exmandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien señalan por emplear a la Guardia Nacional y una aeronave de la empresa estatal Pdvsa entre los años 2014 y 2015 para trasladar sustancias ilícitas con destino a la isla de Margarita.