Entre los impugnados con pruebas está Elvis Amoroso, Contralor de la República y presidente del Consejo Moral Republicano

El 60% de los postulados al CNE tienen afinidad con el gobierno 

CNE
26 de marzo, 2021 - 12:25 pm
Agencias

El Comité de Postulaciones Electorales (CPE), amplió el lapso por 14 días para que se inscribieran nuevos aspirantes al CNE

De 75 postulados a candidatos que presentó en una primera lista el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), al menos 14 han sido impugnados con pruebas, por tres organizaciones civiles en defensa de los derechos políticos de Venezuela: Súmate, Voto Joven, y la Unión Nacional de Jubilados y Pensionados del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos de ellos son de Lara, tras alegar que violan los artículos 296 de la Constitución y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), que establece que los candidatos no pueden ser vinculados a organizaciones con fines políticos.

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Otras 31 personas, para un total de 45, han sido señaladas por Súmate de ocupar cargos públicos asociados al gobierno, y de ser militantes del PSUV. “La vinculación política no necesariamente es estar inscrito en un partido, son todas aquellas personas que han sido electas a un cargo de votación popular o que laboran como servidores públicos y han emitido en sus redes sociales mensajes a favor de la revolución”, destacó Nelida Sánchez, coordinadora de Contraloría Ciudadana de Súmate. Alega que hasta que no se depure a esas personas del primer listado, el proceso de escogencia de las autoridades del Poder Electoral seguirá marcado por la desconfianza y el rechazo internacional.

Entre los impugnados con pruebas está Elvis Amoroso, Contralor de la República y presidente del Consejo Moral Republicano. “Él fue quien escogió las 18 postulaciones del Poder Ciudadano, pero lo más contradictorio es que a él lo está postulando la sociedad civil”, expresó Sánchez. A su vez Amoroso ha sido parlamentario nacional, militante del MVR, del PSUV, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y asesor de Miraflores, un cargo de extrema confianza de Nicolás Maduro. Junto a él hay otros cuatro aspirantes que ocupan altos cargos en la Contraloría General de la República.

Tania D’Amelio, actual rectora principal del CNE, ha sido impugnada por violar el artículo 8 de la LOPE y aspira repetir por cuarta vez a ese cargo, cuando la norma dicta que: “Los rectores podrán ser reelegidas o reelegidos en sus cargos hasta un máximo de dos periodos adicionales”. Además está sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Panamá de violar Derechos Humanos y políticos de los venezolanos, al organizar elecciones “amañadas”, rechazadas por más de 50 países democráticos del mundo.

Junto a D’Amelio han sido cuestionadas las postulaciones de Leonardo Morales, vicepresidente del CNE, Juan Carlos Del Pino y José Luis Gutiérrez Parra, rectores principales que buscan repetir, y la de Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente y quien fue supervisor de la data de todos los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación, en las elecciones presidenciales de 2018.

Súmate impugnó a Conrado Pérez, por ser diputado suplente en la actual Asamblea Nacional, elegido por el partido disidente de oposición Primero Venezuela por el estado Trujillo, y a Ciro Vladimir León por ser actual Concejal del municipio Carrizal, estado Miranda. La lista la engrosa Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, director nacional del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y Aura Rosa Hernández Moreno, exviceministra de Obras Públicas del gobierno.

Por el estado Lara Súmate ha impugnado la postulación de Michely Vivas, actual rectora de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB), y excandidata del PSUV al Consejo Legislativo del estado Lara en 2018. La organización civil Voto Joven ha rechazado la postulación de Gabriel Guerrero Gil, exconcejal de Iribarren, militante del PSUV y directivo de unas de las dependencias de la Alcaldía de Iribarren en el gobierno del burgomaestre Luis Jonás Reyes.

Negociación activa

El pasado 16 de marzo, el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), amplió el lapso por 14 días para que se inscribieran nuevos aspirantes al CNE, plazo que debería vencer en teoría el primero de abril. Sin embargo debido a las dos semanas de radicalización de la cuarentena decretadas por Nicolás Maduro, expertos están a la expectativa que el proceso se alargue.

José Gregorio Zaa, profesor universitario de la norma electoral, apuntó que aunque el presidente del CPE, Giuseppe Alessandrello alegó que se abrió un nuevo lapso para que se inscribieran más postulados porque muchas personas no pudieron movilizarse por la pandemia, la realidad del frenazo en las acciones viene dado por las presiones que ha ejercido la comunidad internacional sobre Nicolás Maduro, y las alarmas que han encendido organizaciones dedicadas a defender los derechos políticos en Venezuela, al acusar que el 60% de los aspirantes a rectores no cumplen con los requisitos mínimos para ser elegidos.

“Se habla de una negociación en puerta impulsada por el Grupo de Contacto”, comentó Zaa. En la cual países exigen condiciones transparentes para que las elecciones regionales y municipales sean creíbles este año”, expresó. Además Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, soltó el pasado 22 de marzo que se “abren una nueva oportunidad para que gobierno y oposición alcancen un acuerdo político”.

“Todos esos son indicios que apuntan a que existe una negociación que podría darle un barniz de legalidad a un CPE, que hasta ahora no cumple con las exigencias de pluralidad, porque de las 21 personas que lo integran, 15 (el 80%), están relacionadas con el gobierno.

“Cambios en todo el CNE”

José Gregorio Zaa, abogado y experto electoral indicó que para que existan futuras elecciones transparentes en el país, es necesario hacer cambios profundos en todo el Poder Electoral.

“Hay que depurar al CNE nacional y las Oficinas Regionales Electorales, cuyos directivos son militantes del régimen. Deben devolver los colores y tarjetas a los partidos de oposición que el Tribunal Supremo de Justicia entregó arbitrariamente a disidentes. Los venezolanos en el exterior también deben tener garantizado su derecho a votar en embajadas y consulados. Hay que remplazar a los directivos de las juntas regionales y municipales electorales. No basta con cambiar los nombres del árbitro, hay que tener tiempo para organizar elecciones como debe ser”, soltó.

Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y la Constitución unas elecciones con condiciones necesitan seis meses de preparación, es decir, las elecciones regionales (gobernadores y diputados de consejos legislativos), deben ser convocadas en mayo y desarrolladas en octubre. Y las elecciones municipales (alcaldes y concejos municipales), deben convocarse en junio y realizarse en diciembre 2021. La normativa prohibe que elecciones a gobernadores y alcaldes se hagan en simultáneo.

Opacidad en varias acciones

Alexis Saldivia, coordinador de Súmate en Lara, indicó que entre las 10 personas postuladas por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades, se contabilizan al menos cuatro rectores de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), afines al gobierno.

“El Comité de Postulaciones Electorales no aceptó las candidaturas de personas postuladas por universidades autónomas de la UCV, ULA, UCAB, entre otras. Necesitamos seguir denunciando a los postulados politiqueros porque es inconcebible que se legalicen autoridades del Poder Electoral sin estar a la altura del proceso que demanda el país”, expresó.

Por su parte Sobella Mejías, exrectora del CNE indicó que aunque el CPE determina cómo van a trabajar y qué lapso van a dar para recibir más candidaturas a rectores, es necesario que se presente al país un cronograma claro. “El fin último es unas elecciones libres, justas, donde impere la racionalidad política”, apuntó.

Nelida Sánchez, Coordinadora de Súmate, denunció que hasta ahora el CPE ha incurrido en dos asuntos: no ha hecho público el expediente de los postulados para saber si al menos tienen 10 años de graduados como exige la ley, y no ha publicado el nombre de las 45 organizaciones civiles que los postularon.

 

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