«Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera», dijo Olivares. Primero Justicia denunció el lunes pasado que existía una orden de captura contra la esposa del parlamentario
Foto: Agencias
Caracas – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, cuya gestión se ha centrado en denunciar la grave crisis de la salud en Venezuela, se exilió alegando una «persecución» del Gobierno contra su familia.
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«Mi esposa, mi hijo de pocos meses de nacido, mi madre y mi hermano están siendo perseguidos (…) Ya no se limitan a perseguir al político», señaló Olivares en una carta difundida la noche del jueves, reseñó AFP.
«Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera», añadió el también médico, sin precisar a qué país viajó.
Primero Justicia, el partido de Olivares, denunció el lunes pasado que existía una orden de captura contra la esposa del legislador, Jofreny González, acusada de tramitar desde una compañía de seguros la compra de vehículos de «procedencia ilegal».
«Nos tomó por sorpresa, por lo que no estamos preparados, ni política, ni económica, ni emocionalmente», expresó Olivares, quien vincula la acusación con las protestas por la falta de medicamentos y la huelga que empleados de hospitales públicos mantienen desde hace más de un mes en reclamo de mejores salarios.
La red pública hospitalaria venezolana enfrenta una escasez de insumos de 90%, según la Federación Médica, y la pérdida de personal por los bajos sueldos y la oleada migratoria provocada por la grave crisis socioeconómica, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018.
A ello, se suma el desabastecimiento de medicinas, que llega a 85% según gremios, y prácticamente total en fármacos para males crónicos como insuficiencia renal, cáncer o VIH.
Un hermano de Olivares, Juan Carlos Sosa, estuvo preso por nueve meses. Fue liberado junto a otras 120 personas acusadas de «violencia política» durante un proceso de excarcelaciones, entre mayo y junio, que el presidente Nicolás Maduro definió como un gesto para la «reconciliación» tras protestas que dejaron unos 200 muertos entre 2014 y 2017.
La ONG Foro Penal sostiene que unos 250 venezolanos siguen encarcelados por «razones políticas».
Varios dirigentes opositores, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y chavistas disidentes, como la exfiscal general Luisa Ortega, se encuentran fuera del país alegando ser víctimas de «persecución política».
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