Venezuela acusa al organismo de ‘lawfare’ (guerra jurídica), la utilización estratégica del sistema judicial con fines políticos
Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, destacó mediante un mensaje en su cuenta X que la decisión se da por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
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«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía» destaca el mensaje.
«Lawfare»
De manera particular, Caracas acusa al organismo de ‘lawfare’ (guerra jurídica), la utilización estratégica del sistema judicial con fines políticos, y con ello perpetuar «la persecución contra el pueblo venezolano» y agravar «las desigualdades que la justicia internacional debería corregir».
«Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos», señala el canciller.
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