El Supremo venezolano alertó que el principal objetivo de estos promotores del odio no es otro que utilizar los derechos humanos como esta herramienta política para agredir a la institucionalidad democrática
Los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del Poder Judicial, manifestaron su más contundente rechazo al informe elaborado por una comisión paralela impulsada por autodenominado Grupo de Lima, sobre la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en el país.
A través de un comunicado, el Supremo venezolano alertó que el principal objetivo de estos promotores del odio no es otro que utilizar los derechos humanos como esta herramienta política para agredir a la institucionalidad democrática y busca nuevas y mayores agresiones contra el país.
Recordó que durante el 42º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, “impusieron este mandato, cuyo principal objetivo es cuestionar al legítimo gobierno de Venezuela y sus instituciones”.
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Asimismo, el TSJ aseguró que este informe se apoyó en una írrita resolución que vulneran los principios del derecho internacional, como lo son el derecho a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la integridad territorial, e igualmente vulnera los principales pilares del multilateralismo, como son el diálogo genuino y la cooperación.
Destacó, además, que este informe se llevó a cabo de manera unilateral y parcializada “evidenciándose con una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos, y neutralizando el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaborando un informe paralelo, con la finalidad de aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsado por la República Bolivariana de Venezuela”.
El Comunicado leído por el presidente del TSJ, Magistrado Maikel Moreno, subrayó que este informe pretende subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles, “convirtiéndose esta supuesta Misión Independiente en un nuevo mecanismo de agresión, que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en el país”.
Igual manera el Máximo Tribunal del país coincidió con otras instancias que afirman que este informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral incumpliéndose el principio elemental de la transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, este informe no vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados.
El Tribunal alertó que su labor no fue promovida por la mayoría de los conglomerados de los Estados parte de la Organización de Naciones Unidas, “lo cual hace cuestionable su fuente, por carecer de la legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos”.
La República Bolivariana de Venezuela es un Estado garante de la paz y de la progresividad de los derechos humanos desde el punto de vista constitucional, no solo le otorga un papel preponderante a los derechos fundamentales, sino que subordina a todas las actividades del Estado al respeto y las garantías de estos derechos, refiere el comunicado.
“Lamentamos que estas prácticas al margen de la racionalidad y de la buena fe, que rigen las relaciones internacionales entre los Estados y los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogo establecidos entre el Gobierno Nacional y la oposición, para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos”.
A su juicio, es evidente que estas acciones son promovidas por los enemigos internos y externos de Venezuela, “quienes con doble moral en cuestionar la aplicación y el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, escondiendo su grave crisis social y la erosión de estos derechos en sus propios territorios”.
La posición de TSJ sostiene que estas acciones forma forman parte de una vieja de estrategia de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, quienes han venido coordinando esfuerzos tangibles en la consolidación de una cultura de paz y de entendimiento entre los venezolanos.
“Alertamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, que el principal objetivo de estos promotores del odio no es otro que utilizar los derechos humanos como esta herramienta política para agredir a la institucionalidad democrática; sin embargo a pesar de estos ataques infundados que pretenden nuevas y mayores agresiones contra nuestra República, el Tribunal Supremo de Justicia y seguirá siendo garante de la estabilidad política y de la paz, contribuyendo a la consolidación del Estado social de derecho y justicia que prescribe nuestra Constitución y al mismo tiempo favoreciendo el ejercicio efectivo de los derechos humanos como práctica indispensable para la consolidación de los objetivos consagrados en nuestra Carta Magna”.
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