Los diputados Juan Pablo García Canales, José Ángel Guerra Brito y Tomás Guanipa Villalobos son acusados por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, entre otros delitos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela imputó este lunes atres diputados pertenecientes a la Asamblea Nacional (AN) en desacato por la comisión de delitos que atentan contra la paz y la soberanía del país.
La sentencia emitida por el máximo tribunal imputó a los parlamentarios Juan Pablo García Canales, José Ángel Guerra Brito y Tomás Guanipa Villalobos, tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República.
Los tres diputados son acusados de «traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado«.
TSJ decidió comprometer la responsabilidad de tres diputados en la comisión flagrante de delitos https://t.co/vVnIA6PVEypic.twitter.com/SYWiDR5LbH
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) August 12, 2019
Además, la sentencia del TSJ destaca que estas acciones están previstas y sancionadas en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213 y 285 de Código Penal venezolano, así como en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La decisión fue enviada al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, con el fin de seguir con las acciones pertinentes en el proceso.
Estos diputados de la Asamblea Nacional en desacato el TSJ autorizó investigación penal por varios delitos entre los cuales está traición a la Patria: José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García pic.twitter.com/hso4YrMoV9
— Luis Tavera (@LTavera_teleSUR) August 12, 2019
Esta medida «no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal», refiere el texto.
Asimismo, el documento fue enviado al fiscal general Tarek William Saab para que siga con el trámite correspondiente en la causa penal contra los diputados de la AN.
Comunicado
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la solicitud realizada por el Fiscal General de la República, decidió mediante sentencias de la Sala Plena que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad del ciudadano Juan Pablo García Canales, en la comisión flagrante de los delitos de «Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo»; Asimismo, de los ciudadanos José Ángel Guerra Brito y Tomás Guanipa Villalobos, por los mismos delitos.
Ordenan las decisiones de la Sala Plena -una con ponencia del magistrado Marco Antonio Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativa y la otra de la magistrada Yanina Karabín de Díaz, integrante de la Sala de Casación Penal- remitir copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines.
Señalan los fallos que en el presente procedimiento, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión N° 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.
Igualmente, se ordena remitir copia certificada de las sentencias al ciudadano fiscal general de la República, Dr. Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.
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