«En una Venezuela recuperada, todos los migrantes los regresaremos al seno de su familia. Y más nunca migre nadie de este país», dijo el presidente Maduro
El presidente Nicolás Maduro manifestó este martes su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autoriza la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 300.000 migrantes venezolanos.
Durante una alocución, el mandatario se refirió a las implicaciones de esta medida y lamentó que muchos venezolanos, al amparo de esta protección legal, se hayan establecido en el país norteamericano. «Muchos creyeron en eso y se fueron al norte. A unos les fue muy muy mal, y a otros mal, pero tienen su casita, viven todos juntos, un cuartico para cada uno. El TPS era una protección mínima que tenían y se lo quitaron», declaró.
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El Estatus de Protección Temporal permite a ciudadanos de países con conflictos armados o crisis humanitarias residir legalmente en Estados Unidos. Fue otorgado a los venezolanos en marzo de 2021, durante la administración Biden, debido a la inestabilidad política y social en Venezuela. Sin embargo, una nueva revisión del programa por parte de las autoridades estadounidenses ha dado pie a su posible anulación.
Maduro aseguró que «migrar no es delito» y calicó la eliminación del TPS como una medida injusta. «Quitarle el TPS sí es delito, porque es un derecho que ellos tienen. Migrar es una necesidad humana», enfatizó.
El presidente también afirmó que muchos venezolanos se fueron con el llamado «sueño americano» y enfrentaron una «tragedia americana». Aseguró que el país está avanzando hacia una recuperación económica que permitirá el regreso de los migrantes.
«En una Venezuela recuperada, todos los migrantes los regresaremos al seno de su familia. Y más nunca migre nadie de este país», dijo.
Contexto
La Corte Suprema de EE. UU. autorizó que continúe el proceso judicial que busca revertir la extensión del TPS para los venezolanos. Esta medida fue promovida originalmente por la administración Biden y extendida hasta 2026. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump, con apoyo de nuevas autoridades, solicitó su revocatoria, la cual fue avalada por el máximo tribunal.
La decisión de la Corte no implica una revocación inmediata, pero permite que la medida avance en tribunales inferiores. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única magistrada que votó en contra.
Actualmente, se espera que el proceso legal continúe en instancias judiciales de menor rango, mientras organizaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad migrante evalúan posibles alternativas de protección para los afectados.
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