En contra de los acusados fueron dictadas medidas cautelares sustitutivas de libertad
Foto: Agencias
Los empresarios fueron citados junto a sus socios para responder a los artículos 392 y 400 del COPP
Caracas — Varios dueños de medios de comunicación privados fueron citados a través de la prensa nacional para comparecer ante la justicia venezolana por la nota publicada que acusaba al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello de pertenecer a una red de narcotráfico.
Este es el segundo cartel de citación publicado por un diario de circulación nacional, a través del cual el juzgado vigésimo noveno de primera instancia en función de juicio del circuito judicial penal de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, llamó a Miguel Enrique Otero (El Nacional), Teodoro Petkoff (Tal Cual) y Alberto Federico Ravell (La Patilla).
Los empresarios fueron citados junto a sus socios editoriales para responder, con base en los artículos 392 y 400 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por la acusación de presunta difamación agravada continuada contra Cabello «a quien en sus publicaciones calificaron de narcotraficante y como líder de una organización criminal».
A las personas acusadas se les exhortó a designar defensor o defensora dentro de los 10 días siguientes a la publicación de tres carteles en la prensa nacional como lo establece el artículo 401 del COPP.
La medida recae también sobre Mariana Otero, Oswaldo Karam García, Luis Serra, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font, Beatriz Cecilia de Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique y Leopoldo Enrique López (El Nacional, C.A.).
Asimismo, Juan Golia, Francisco José Larysse Jiménez (Tal Cual); Isabel Cristina Ravell, David Morán (La Patilla).
En contra de los acusados fueron decretadas medidas cautelares sustitutivas de libertad previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 242 del COPP, en los que se establece la presentación cada ocho días ante el tribunal y la prohibición de salida del país sin la previa autorización del tribunal.
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