Foto: Agencias
Venezuela comenzó la serie de presentaciones ante organismos y agencias de Naciones Unidas para denunciar a la corriente opositora al Gobierno
Caracas — El canciller de la República, Elías Jaua, se reunió con la directora general de la Unesco, en Francia, con el fin de denunciar y consignar pruebas de los hechos violentos contra instituciones educativas y públicas del Estado venezolano. Asimismo, indicó que irán a cada una de las instituciones internacionales con el propósito de que «cada día haya más sensibilidad sobre el carácter de la corriente neofascista, violenta, con altos niveles de intolerancia, racismo, xenofobia que lamentablemente se ha inoculado en la sociedad venezolana», enfatizó el canciller venezolano.
Jaua comenzó su periplo en París ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo hará después en Roma ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como ante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otros.
La denuncia también será llevada ante instancias de derechos humanos y medio ambiente, porque en las protestas que desde febrero se cumplen contra el Gobierno han muerto personas, han sido talados árboles y se ha contaminado fuentes de agua potable y «otras evidencias de ecocidio». En tal sentido, aclaró que el objetivo no es solicitar una intervención internacional de estos organismos, sino dejar constancia de cómo autoridades locales han avalado estos actos.
Ha sido reconocido
El canciller venezolano manifestó que la Unesco ha reconocido los logros en materia cultural, de acceso a la tecnología y a la educación de Venezuela, por ello, esta institución «más que otra conoce los grandes esfuerzos que la revolución ha hecho para que nuestro pueblo tenga acceso a la educación, tecnología y cultura», acotando que la directora general de la Unesco quedó sorprendida al escuchar el relato.
Jaua denunció las actitudes de algunas autoridades electas que «teniendo compromisos constitucionales y obligaciones de la preservación de los DD.HH., han actuado promoviendo la violencia, como los alcaldes del municipio San Cristóbal y del municipio San Diego.
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