De acuerdo con los registros consolidados por el SNTP, para enero de 2026 se contabilizaban 40 trabajadores de la prensa privados de libertad o sujetos a expedientes judiciales en el país
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó formalmente este martes la derogación inmediata de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, al denunciar que dicho instrumento legal ha servido como mecanismo de persecución judicial y restricción a la libertad de expresión en Venezuela.
La organización gremial enfatizó que el texto normativo contempla sanciones penales de hasta 20 años de cárcel, las cuales han sido aplicadas de manera recurrente contra profesionales de la comunicación, reporteros e informadores que difunden denuncias o mantienen posturas de cuestionamiento a la gestión pública.
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«Las causas, medidas cautelares y otras restricciones derivadas de la aplicación de esta ley tienen que ser revisadas y cerradas. No basta con dejar de aplicarla. Hay que derogarla y cerrar las causas que produjo», aseveró la representación sindical en un comunicado difundido este martes.
De acuerdo con los registros consolidados por el SNTP, para enero de 2026 se contabilizaban 40 trabajadores de la prensa privados de libertad o sujetos a expedientes judiciales en el país, de los cuales 28 afrontaban imputaciones basadas en la citada legislación.
Dichos datos reflejan que siete de cada diez comunicadores procesados judicialmente mantenían cargos vinculados a los tipos penales de incitación o promoción al odio.
El pronunciamiento gremial coincide con la víspera de la instalación del segundo ciclo de negociaciones entre las delegaciones del oficialismo y la oposición en Caracas.
En ese contexto, el SNTP recordó que a principios de agosto sostuvo encuentros con la jefa de la representación opositora, Dinorah Figuera, y otros delegados parlamentarios para solicitar que la revisión de este marco normativo sea incluida prioritariamente en la agenda de garantías civiles, políticas y de libertad de prensa que se discute con la representación del gobierno.
Diversas organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos han coincidido con el diagnostico del gremio periodístico, señalando que la vigencia y aplicación retrospectiva de la norma representa una de las principales barreras institucionales para el libre ejercicio del periodismo independiente en la nación.
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