La ONG venezolana Fundaredes, abocada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el país, presentó su Informe 9, de Contexto Fronterizo, septiembre 2021. En el mismo aborda las causas y problemas más relevates acaecidos en ese tiempo en los estados fronterizos.
La ONG venezolana Fundaredes, abocada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el país, presentó su Informe 9, de Contexto Fronterizo, septiembre 2021. En el mismo aborda las causas y problemas más relevates acaecidos en ese tiempo en los estados fronterizos.
En dicho Informe se toca uno a uno los estados limítrofes y sus particularidades; así como los problemas , origenes y consecuencias en la población y su repercución en la población y cómo de alguna manera afecta los Derechos Humanos de los habitantes de cada región.
A continuación el documento de la ONG, hecho público en su portal web.
La violencia que ha caracterizado la cotidianidad de los entornos fronterizos, comienza a extenderse hacia otros territorios del país, de la mano de la emergencia humanitaria compleja que constituye el caldo de cultivo ideal para la proliferación de las actividades ilícitas impulsadas por grupos armados irregulares y bandas delincuenciales, que encuentran en la pobreza el principal aliado para el reclutamiento y la captación.
La labor de monitoreo desarrollada por FundaRedes en los estados Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia ha debido extender la mirada hacia otras entidades como el Distrito Capital, Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Nueva Esparta que en el mes de septiembre han evidenciado crímenes con características que invitan a asociarlos a la actuación usualmente exhibida por los grupos armados irregulares que operan en los territorios fronterizos.
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En materia de criminalidad, septiembre abarca desde asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, actividades relacionadas con el narcotráfico, enfrentamientos entre bandas criminales y agrupaciones guerrilleras, hasta la comprobada participación delictiva de efectivos militares y policiales.
Por otra parte, la vulneración de DDHH en los 6 estados fronterizos de Venezuela se incrementa de manera decidida, dejando en evidencia el estado de indefensión en que se encuentran sus habitantes y las amenazas a su integridad a las que se exponen constantemente, en medio de incesantes pugnas por el control del territorio y la minería ilegal, además de la violación de los derechos ambientales y los de los pueblos indígenas en Venezuela.
La Plataforma de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas confirma que el éxodo actual del país supera los seis millones de emigrantes, lo que representa el 20% de la población nacional total, lo que ubica a la migración venezolana entre las más altas del mundo.
Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela, también obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse hacia otros países, donde no siempre son bien acogidos, a lo que se suman los riesgos afrontados durante el trayecto.
En el país, septiembre es el mes para el regreso a clases, sin embargo, aún en el marco de la virtualidad impuesta por la pandemia, los niños venezolanos han visto vulnerado su derecho a la educación mediante la destrucción por inacción de toda la infraestructura educativa, deteriorada a un nivel casi irrecuperable.
A ello se suman los deficientes y en algunas regionales casi inexistentes servicios de electricidad y conectividad, que impiden el adecuado desenvolvimiento de un sistema de educación a distancia o semipresencial.
El impacto de la emergencia humanitaria compleja en la economía y los pírricos salarios devengados por los docentes, han impulsado una masiva deserción de educadores y estudiantes, forzados a dedicarse a trabajos alternos y a la informalidad para tapar los grandes agujeros de su presupuesto familiar.
A ello se suman los deficientes y en algunas regionales casi inexistentes servicios de electricidad y conectividad, que impiden el adecuado desenvolvimiento de un sistema de educación a distancia o semipresencial.
El impacto de la emergencia humanitaria compleja en la economía y los pírricos salarios devengados por los docentes, han impulsado una masiva deserción de educadores y estudiantes, forzados a dedicarse a trabajos alternos y a la informalidad para tapar los grandes agujeros de su presupuesto familiar.
Todos estos escenarios se superponen a un proceso electoral inminente, signado por la manipulación, el amedrentamiento y las amenazas contra la población civil. Encarcelamiento de activistas, presiones internas para subsanar las evidentes fracturas en el seno del oficialismo y maniobras para socavar la independencia de los candidatos opositores, en un clima de fragmentación institucional y ciudadana.
En este contexto la Comisión Europea inició el proceso para seleccionar a los integrantes de la Misión de Observación Electoral que podría enviar la Unión Europea (UE) para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.
Pese a que el alto representante de la UE, Josep Borrell, aún no ha confirmado oficialmente el envío o no de la delegación para observar las elecciones, la Comisión Europea ya comenzó el procedimiento correspondiente para conformar la comitiva.
Síntesis descriptiva
Septiembre suma 64 víctimas de homicidios, 26 desapariciones/secuestros y 22 enfrentamientos, de acuerdo al seguimiento realizado por FundaRedes a través de su instrumento “Curva de la Violencia”, según el cual Bolívar presentó el mayor índice de violencia en la frontera Venezolana, seguido del estado Zulia y en tercer lugar el estado Táchira.
Las autoridades venezolanas han dejado a merced de las agrupaciones delincuenciales grandes extensiones de territorio en los estados Bolívar, Amazonas y Apure, incumpliendo conscientemente su deber de proteger a los ciudadanos y defender la soberanía nacional.
Prueba fehaciente de ello el acuerdo suscrito entre las bandas criminales El Tren de Aragua y la Organización R, ambas peligrosas organizaciones criminales violentas, altamente armadas y con un importante número de hombres en sus filas.
El periodista Germán Dam en su cuenta se refiere al hecho señalando que “la intervención de la Corporación Minera Venezolana fue primordial para qué representantes de ambos grupos se sentarán a dialogar” y llegaran al acuerdo de declarar zona de paz 3 minas ubicadas entre El Callao y Tumeremo y a pocos minutos de Guasipati, después de casi 7 meses de enfrentamientos entre el Tren de Guayana y la O.R. por el control de las minas: Tomi, Belén y El Cairo.
La actividad minera está directamente vinculada a las desapariciones de personas a manos de los GAI que les toman como prisioneros o esclavos; o simplemente los asesinan. Los familiares de las víctimas no han encontrado respuesta a sus denuncias y al no ser escuchadas por el Estado, acuden a la sociedad civil y las ONG en busca de apoyo para visibilizar esta situación.
Los más grandes grupos delictivos de Venezuela y Colombia se disputan el territorio apureño, donde el gobierno venezolano anunció el despliegue de más de 2 mil efectivos militares en los 7 municipios de la entidad, con la finalidad de “prevenir y disminuir el incremento de las incidencias delictivas y la violencia criminal”; sin embargo ello no ha impedido que la entidad registrara en septiembre 13 desapariciones, de las cuales 12 han sido registradas en el municipio Páez (Guasdualito) y 11 son atribuidas a miembros del Frente Bolivariano de Liberación (FBL).
El control de pasos ilegales por parte de estos grupos armados irregulares ha aumentado las desapariciones y los enfrentamientos en las zonas en las que las trochas son el escenario para las actividades económicas ilegales (Zulia, Táchira).
Dos niños de 1 y 4 años fallecieron al cruzar el río Táchira junto a sus padres en la frontera con Colombia. Otros dos venezolanos murieron al cruzar una de las innumerables trochas que conectan a Colombia con Venezuela, controladas por GAI. Mientras tanto, los anuncios sobre la apertura de los pasos formales entre ambos países, están siendo utilizados por candidatos oficialistas como mecanismo para el control del voto ciudadano.
Las precariedades que afrontan los migrantes trascienden los límites de las fronteras nacionales. Más de 150 venezolanos que entraron de forma irregular en Trinidad y Tobago fueron deportados a su país después de soportar condiciones cuestionables, según denunciaron activistas de derechos humanos.
Cientos de migrantes con niños, ingresan a Chile por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia, a pesar de que el gobierno chileno anunció que retomará las expulsiones de quienes entren al país de forma irregular, creciendo también el negocio del transporte ilegal y el precio de acercar a un migrante a las ciudades alcanza hasta 70 dólares por persona.
Testimonios recogidos en diferentes plataformas informativas señalan que continúan las extorsiones y amenazas por parte de los organismos de seguridad (policía estadal, Guardia Nacional, PNB, FAES) apostados en las diferentes alcabalas a lo largo de las carreteras que conducen a la zona fronteriza.
Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos loca[1]les, la cual ofrecemos a continuación:
Apure
Es territorio en disputa de las grandes organizaciones criminales, por un lado, los constantes enfrentamientos internos entre dos importantes facciones de las disidencias de la Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia FATC (las de la nueva Marquetalia y la de Gentil Duarte); los eternos conflictos entre las Farc y el ELN y ahora la irrupción en las pugnas por establecerse y abrirse paso en este territorio fronterizo, de la mega banda criminal El Tren de Aragua, sindicada de atroces crímenes y vincula[1]da a actividades de tráfico ilegal de todo tipo de mercancías, que busca construir un paso seguro para sus negocios ilícitos entre Venezuela y los países del sur.
Los grupos armados y bandas delincuenciales han encontrado en la entidad apureña, el escenario perfecto para desarrollar actividades relacionadas con el narcotráfico y la trata de personas, especialmente de adolescentes.
Asimismo se ha convertido en refugio de líderes guerrilleros y sus aliados, quienes al sentirse perseguidos por las autoridades colombianas traspasan la frontera venezolana para sentirse seguros.
Amazonas
Los Grupos Armados Irregulares, a los que en Amazonas se suman sindicatos y garimpeiros buscan, además de desplazar a la población, -en su mayoría indígena-, apoderarse de las riquezas minerales de esta zona, y aprovechar la ubicación geográfica de la entidad amazonense para incursionar en otras actividades delictivas como el narcotráfico, contrabando de combustible y de metales preciosos.
El Estado venezolano, mediante la inacción, ha profundizado la vulneración de los derechos funda[1]mentales de la población, especialmente la de menores recursos económicos, que sufre las consecuencias generadas por la crisis humanitaria compleja, reflejada en los altos índice de desnutrición, violencia de género, deficiencia de los servicios públicos básicos, entre otras calamidades.
Esta entidad exhibe los casos más contundentes de pobreza, desnutrición, morbilidad y mortalidad. Los pueblos originarios son vulnerados en sus derechos más fundamentales y sufren toda clase de vejaciones (abusado sexual, trabajos forzosos, reclutamiento de niños y jóvenes para actividades criminales, reclutamiento).
La explotación minera ilegal en el estado Amazonas ha causado enfrentamientos entre las distintas etnias indígenas, así como cambios en sus patrones culturales y su salubridad.
Bolívar
Este territorio se lo disputan el ELN, organización que contaría con la protección de las FANB, y las bandas irregulares armadas llamadas Sindicatos, que según informaciones estarían vinculadas a funcionarios del Estado Venezolano y al denominado Cartel de Los Soles, configurando un gran abanico de bandas criminales, responsables directos del incremento de la violencia y la criminalidad en la zona.
Reportes ciudadanos han dejado en evidencia que dentro de estas organizaciones se encuentran funcionarios activos liderando bandas criminales, que resguardan a los delincuentes, procurando su liberación, lo cual atenta contra la integridad personal y la vida de los ciudadanos.
Documentos hallados tras un enfrentamiento entre las bandas denominadas “sindicatos”, evidenciaron el reclutamiento de menores de edad que son obligados a realizar trabajos forzosos e instruidos en el manejo de armas de fuego para enfrentar a otras organizaciones criminales.
Resulta preocupante la situación de las desapariciones en Bolívar, donde las labores de monitoreo y documentación realizadas por FundaRedes muestran vínculos entre éstas y la actuación de los GAI que controlan tanto las minas como el resto del territorio. Exhiben una violencia exacerbada, orientada al aleccionamiento mediante el terror entre la población. Este mes, dos cabezas humanas fueron halladas en la plaza El Jobo en El Callao, al sur de la entidad.
También son frecuentes presuntas ejecuciones extrajudiciales en los enfrentamientos reportados por los cuerpos de Seguridad del Estado (GNB y FAES) durante los operativos realizados en puntos estratégicos de las diferentes poblaciones de la región, con saldo de un número significativo de fallecidos.
Bolívar para este noveno mes del año 2021, representa la entidad con un total 27 homicidios, 22 de ellos por arma de fuego y diez en medio de enfrentamientos entre miembros de bandas criminales, extorsionadores, ladrones y secuestradores con efectivos de los organismos de seguridad como lo son la División de Inteligencia de Polibolívar (DIPEB), CICPC, GNB, DGCIM, CONAS Y Polibolívar.
Falcón
Los homicidios, secuestros y demás hechos violentos que involucran a peligrosos delincuentes se han convertido en parte de la cotidianidad en Falcón ante la mirada indiferente de las autoridades.
Policías y militares tienen un largo registro de abusos, sin que los organismos correspondientes hayan tomado las medidas para controlarlos. Así mismo, se han intensificado las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
El Estado venezolano emprendió una persecución en contra de los trabajadores de las diferentes refinerías ubicadas en la entidad falconiana (Cardón, y Paraguaná), responsabilizándolos de la falta de combustible en el país, sus viviendas son allanadas y destruidas, para detenerlos y llevarlos hasta la ciudad de Caracas, vulnerando así sus derechos fundamentales.
Su condición de estado costero, limítrofe con varias islas del Caribe, les convierte en opción válida para quienes intentan migrar por vía marítima, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, pero también, para la actuación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la trata de personas.
Sólo en el último mes, en Falcón se registraron ocho (08) homicidios, tres (03) enfrentamientos armados y una desaparición correspondiente a un ganadero que fue liberado posteriormente durante un enfrentamiento en el estado Zulia donde fallecieron dos secuestradores y un funcionario.
Análisis estratégico
El registro cada vez más frecuente de criminalidad y violencia en entidades hasta ahora no monitoreadas formalmente por FundaRedes invita a mantener la atención en nuevos territorios como Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Nueva Esparta, y permite avizorar perspectivas poco esperanzadoras con miras al balance del último trimestre del año 2021, pues la violencia y la criminalidad continúan ganando terreno en estas entidades y se extiende hacia los estados vecinos.
La disputa por el territorio y sus riquezas se traduce en el abandono de las obligaciones del Estado y sumerge al ciudadano en la más profunda desprotección y vulnerabilidad.
Se ha generalizado que los GAI cometan sus crímenes en una entidad y movilicen a las víctimas hacia otros estados o incluso a través de las fronteras nacionales, para intentar despistar a las autoridades. Los delitos en la frontera se han convertido en un problema de seguridad pública nacional, que afectan a toda la región.
En medio de la severa crisis económica y humanitaria de Venezuela, la industria minera ilícita está en auge en los estados del sur, Bolívar y Amazonas, hogar de dos parques nacionales y más de diez comunidades Indígenas.
Los grupos criminales utilizan la violencia y el terror en las minas ilegales que no sólo están desplazando a los pueblos indígenas, sino que han desatado la destrucción ambiental, en un ecocidio tan acentuado que hace imposible revertir en el corto o mediano plazo, los daños
causados al planeta.
Desde Zulia hasta Bolívar, la pobreza, la precariedad del sistema de salud y la destrucción del aparato educativo por parte del Estado venezolano, aunado a la usurpación de territorios ancestrales por parte de los GAI, deriva en el reclutamiento de menores de edad para trata de personas, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud y adoctrinamiento.
La penetración del crimen organizado ha tenido un impacto directo sobre las etnias, tanto desde el punto de vista cultural como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.
En Apure, además de las Farc, el ELN y bandas como El Tren de Aragua, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional, ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN) se afianzan de la mano del alcalde de Guadualito, municipio Páez, José María Romero, a quien todos conocen como “Chema”.
Un reporte de Infobae confirma que cuentan con un campamento denominado Dubai, ubicado a un kilómetro y medio de la Plaza Bolívar, el cual está al mando de alias Arturo de las FBL, compañero de alias Ernesto y alias Julián.
Al arreciar las persecuciones del Estado colombiano contra las fuerzas guerrilleras de Arauca y otros territorios fronterizos y frente a la laxitud en los controles y la complicidad ofrecida a las estructuras de la guerrilla por parte de Venezuela, se afianza la figura de refugio que el país ofrece a estos organizaciones criminales, que retribuyen el “gesto” mediante el apoyo irrestricto a los candidatos oficialistas en el venidero proceso electoral, respecto a lo cual ya se han registrado evidencias de amedrentamiento, chantaje y amenazas contra la población.
Se trata de perversos incentivos para el crimen y la violencia a los que se agrega la debilidad institucional.
En Zulia se evidencia la presencia de los máximos líderes de las FARC, entre ellos “John Mechas”. Desde hace varios años la organización mantiene fuerte presencia en la zona, donde ha logrado establecerse e imponer una especia de Estado paralelo que funciona bajo sus propios códigos.
Las ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos policiales parecieran configurar un modus operandi en varios estados del país, asociadas a delitos como secuestro y extorsión o utilizadas como mecanismo de limpieza social, lo que constituye una vulneración a la legalidad vigente y a los derechos fundamentales de las víctimas.
En cuanto a la migración, resulta urgente que el Estado venezolano impulse y garantice la protección de la población migrante, para que se respeten sus derechos humanos más elementales en la zona limítrofe.
Para lograrlo es fundamental incluir programas de formación ética para los funcionarios destacados en las áreas de atención a la ciudadanía que transita por estos pasos fronterizos.
Continúa el deterioro progresivo de la población venezolana que reclama que se restablezca la democracia.
El Estado está desmantelando las instituciones democráticas, la economía y la infraestructura de Venezuela mediante el ejercicio abusivo del poder.
Mediante detenciones estratégicas, amenazas e incluso presiones sobre sus propios partidarios, quienes ostentan el poder en Venezuela pretenden acallar la voz de miles de venezolanos que esperan sean respetadas sus garantías electorales y el derecho al sufragio con elecciones transparentes este 21 de Noviembre.
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