Ante el aumento de femicidios, expertas proponen soluciones. Diyuly Chourio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, define el femicidio como la forma extrema de violencia de género. Kika Martorell, psicóloga e investigadora feminista, argumenta que una educación integral, libre de sexismo y machismo, es primordial para promover la equidad de género y desmantelar los prejuicios arraigados en la sociedad
La violencia contra las mujeres en Venezuela, que se manifiesta sin distinción de clase social, raza, nivel educativo ni ocupación, está en aumento en un escenario desolador. La falta de estadísticas oficiales limita la comprensión y acción frente a este problema.
Según datos de la ONG Utopix, durante 2023 se registró un femicidio cada 44 horas, lo que equivale a 201 asesinatos de mujeres por motivos de género, la mayoría cometidos por parejas o familiares. Aimee Zambrano, directora de Utopix, resalta que estos datos se basan en los subregistros de los casos reseñados en los medios, sugiriendo que la cifra real podría ser mayor.
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Ante el aumento de femicidios, expertas proponen soluciones. Diyuly Chourio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, define el femicidio como la forma extrema de violencia de género. Kika Martorell, psicóloga e investigadora feminista, argumenta que una educación integral, libre de sexismo y machismo, es primordial para promover la equidad de género y desmantelar los prejuicios arraigados en la sociedad.
Zambrano insiste en la necesidad de un plan de emergencia feminista que abarque a todo el cuerpo del Estado, con todos los ministerios, alcaldías y gobernaciones enfocados en generar espacios de prevención. Destaca el papel fundamental del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información en la creación de campañas de sensibilización sobre violencia de género.
Ofelia Álvarez, directora de Fundamujer, ratifica que la prevención es la única solución a este grave problema. Insiste en la necesidad de contar con cifras oficiales, recopilar recursos existentes, capacitar a los funcionarios de los organismos receptores de denuncias, sensibilizar a las comunidades y realizar diagnósticos constantes sobre los cambios y nuevas alternativas de acción, todo acompañado de un presupuesto especial.
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