Este el final de un de un proceso judicial contra la enfermera y su marido que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, por una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que les acusan por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
La enfermera y extesorera del fallecido presidente Hugo Chávez, fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos que le pagó un empresario multimillonario mientras ella se desempeñaba como tesorera de Venezuela.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez federal William P. Dimitrouleas en Miami.
El juez reveló la sentencia de Claudia Díaz Guillén en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a ella y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.
La fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más de 19 para su esposo, Adrián Velasquez. La defensa de Díaz buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.
Velasquez fue condenado el miércoles también a 15 años de prisión.
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En el documento previo a la sentencia, firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EEUU, se exponían las razones por las que, a su juicio, la enfermera Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.
«La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa», dice el documento de 23 páginas.
La Fiscalía decía que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él «serían lo suficiente y no más de lo necesario» dada la gravedad de los delitos cometidos.
La enfermera Díaz Guillén y su Velásquez Figueroa
Este el final de un de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, por una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que les acusan por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
Aquel proceso no prosperó porque la Audiencia Nacional de España rechazó la petición de Caracas por considerar que la situación política de Venezuela ponía en riesgo la integridad de Díaz Guillén, alias La Enfermera. En cambio, la justicia española dio luz verde a su envío hacia Estados Unidos, adónde la pareja fue extraditada este año.
En contexto: Transacciones millonarias
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, entre 2011 y 2013 Díaz Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones pagados por el empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de noticias Globovisión, quien está actualmente solicitado por la justicia en EE. UU.
Así, por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió unos US$8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Florida en beneficio de Díaz Guillén y de su marido.
El pago de estos recursos tendría como fin permitir a Gorrín realizar operaciones de cambio de divisas en el marco del estricto sistema de control de cambios establecido por Chávez en Venezuela.
En aquella época, dada la enorme brecha entre el precio oficial del dólar y la tasa no oficial, adquirir divisas al precio preferencial fijado por el gobierno y venderlas en el mercado paralelo era una operación que podía generar jugosas ganancias.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Gorrín empezó a realizar estas operaciones durante la gestión de Alejandro Andrade como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010, antes del nombramiento de la enfermera Díaz Guillén como Tesorera de la Nación.
En 2018, Andrade fue juzgado y condenado en Estados Unidos a 10 años de cárcel. Durante el juicio en su contra, reconoció haber cobrado sobornos que ascendían a US$1.000 millones.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, incluso después de dejar el cargo, Andrade siguió cobrando sobornos de Gorrín como pago por haber servido de puente entre el empresario y Díaz Guillén.
Después de su condena, Andrade recibió una reducción de la pena por colaborar con las autoridades estadounidenses y logró salir de la cárcel en febrero de este año. Según la prensa estadounidense, parte de esa colaboración consistió en aportar evidencia en contra de Gorrín y la enfermera Díaz Guillén.
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Díaz Guillén enfrentaba acusaciones por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses ven a su esposo como una pieza instrumental para estas operaciones pues, parte de los sobornos fueron pagados por medio de transferencias a su nombre o el de empresas de su propiedad.
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