El controvertido plan, según una exfuncionaria del ICE, la medida implicaría en la práctica la operación de «barcos prisión».
El gobierno de EE. UU. analiza la posibilidad de emplear embarcaciones marítimas para trasladar a migrantes deportados hacia El Salvador, Honduras y Venezuela, con el propósito de diversificar los mecanismos de expulsión territorial mediante travesías de varios días que implicarían costos millonarios por cada viaje.
De acuerdo con The New York Times, la iniciativa se encuentra en una fase preliminar de discusión sin aprobación oficial. Fuentes gubernamentales consultadas por el medio precisaron que las autoridades comenzaron la búsqueda de embarcaciones viables, incluyendo el Golden Bear, una nave de adiestramiento de 500 pies perteneciente a una academia náutica de California.
Según la investigación, representantes del Departamento de Defensa establecieron contactos con firmas privadas en Europa para verificar la disponibilidad de naves con capacidad de transporte.
No obstante, voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentaron que la propuesta constituye una alternativa en estudio dentro de las políticas migratorias de la administración actual.
Asimismo, se precisó que el traslado por vía marítima plantea exigencias operativas distintas a las de los vuelos convencionales. Los trayectos requerirían mantener a los ciudadanos retenidos durante jornadas continuas, exigiendo esquemas de seguridad, distribución de espacios para dormir y suministro de alimentos en alta mar.
Respecto a las implicaciones del proyecto, la exfuncionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Claire Trickler-McNulty, señaló que la medida implicaría en la práctica la operación de «barcos prisión».
Asimismo, los informes oficiales citados por The New York Times indican que los costos por trayecto marítimo superarían ampliamente las tarifas de los vuelos habituales, aunque se trasladarían muchas mas persona por viaje.
Sin embargo, el modelo operativo permitiría transferir parte del financiamiento de las deportaciones desde el Departamento de Seguridad Nacional hacia los fondos del Departamento de Defensa.
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