Caracas — La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, señaló que los actos violentos que, desde el 12 de febrero, han promovido grupos de la extrema derecha, han vulnerado los derechos humanos de todo un pueblo.
Ramírez ratificó que, «cuando se quiebra el estado de derecho, se obstruyen vías públicas, se impide el paso de alimentos y medicinas a un lado del país, el Estado tiene que actuar, porque dejar de hacerlo es irresponsabilidad».
En este sentido, indicó que el Estado, «no puede comulgar con quien genera inestabilidad política y se niega al diálogo», por ello los entes judiciales «se encuentran trabajando para que esclarezca cada caso con la mayor celeridad posible».
Este organismo ha ejecutado 757 actuaciones defensoriales en el país durante los hechos violentos, en centros de detención, centros de salud y mediaciones realizadas en focos de perturbación de la paz.
Ramírez explicó que existe una campaña de los medios privados internacionales para confundir a la opinión pública mundial, que consta en mezclar imágenes de la contención de la violencia por parte de los efectivos de seguridad con marchas realizadas en la oposición, cuando en realidad la actuación de la Guardia Nacional se ha dado en zonas de clase media alta, donde pequeños grupos de vándalos, en horas de la madrugada, atentan contra la paz.
Además, reiteró que existen tres denuncias de tortura, por las que han sido detenidos 17 funcionarios del orden público. «Para nosotros que tenemos la cicatriz de El Caracazo no nos interesa proteger a funcionarios que se salgan de las conquistas de la Constitución del 99, como lo es el resguardo de manifestaciones sin el uso de armas de fuego», expresó.
Otra arista de la manipulación mediática internacional ha sido la satanización de los colectivos explicó Ramírez, quien recordó que en el 2002 se hizo lo mismo con los círculos bolivarianos «que fueron llamados círculos del terror».
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