«La CIDH recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo -ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia- es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos», aseguró
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes (07.08.2023) su preocupación ante «las acciones arbitrarias» y «los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela» contra personas LGBTI, por lo que urgió al país a «abstenerse de criminalizar» a «este colectivo.
«La comisión insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a cesar la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación. Además, se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito», dijo la CIDH.
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El comunicado, difundido por la entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó la reciente detención de 33 hombres durante un operativo policial en un local privado frecuentado por personas LGBTI en el estado de Carabobo (norte), los cuales ya fueron excarcelados, «bajo régimen de presencia en los juzgados».
«Pese a que el operativo se originó presuntamente por quejas de vecinos relacionadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos afirman que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual», señaló la comisión.
Esto, continuó, ocurre en un contexto en el que las «personas LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado», con base en «prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas».
«La CIDH recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo -ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia- es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos», aseguró.
La comisión también instó a las autoridades a «abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia».
El 4 de agosto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) solicitará el sobreseimiento de la causa contra 30 de los 33 hombres, mientras que, a los otros tres, a los que identificó como los dueños del local, «se les van a seguir las investigaciones».
Ministerio Público no ha solicitado sobreseimiento para los detenidos en Valencia
Esto pese a que el pasado jueves 3 de agosto el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la Fiscalía solicitaría la culminación del proceso judicial al día siguiente.
«El día viernes se va a solicitar el sobreseimiento a 30 personas que no tienen que ver con el dueño, o con los tres dueños, y a los tres dueños se les van a seguir las investigaciones», dijo el fiscal en declaraciones al canal de televisión privado Televen.
El abogado Eleazar Medina, uno de los defensores de los imputados, confirmó a El Pitazo que la Fiscalía no ha presentado la solicitud.
Aseguró que no hay ningún indicio de que estas personas hayan incurrido en ultraje al pudor y agavillamiento.
Otro fiscal podría decidir el caso
Oscar Triana, otro de los abogados defensores, explicó que una vez presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez o jueza tomará una decisión dentro de un lapso de 45 días. Las partes y la victima recibirán la notificación sobre la decisión que dictó el tribunal, a pesar de que no haya querella, según se establece en el artículo 305 de Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Agregó que si el juez o jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que ratifique o rectifique la petición fiscal.
«Si el fiscal o la fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez o jueza lo dictará, aunque puede dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal o la fiscal superior no está de acuerdo con la solicitud, ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo», explicó.
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