«Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (…) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez)», afirmó el diputado Orlando Camacho
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 55 de los 130 artículos del proyecto de reforma a la Ley de Minas y acordó aplazar, como la semana pasada, la segunda discusión necesaria para aprobar este instrumento jurídico, que podría abrir el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de EE. UU. en el oro venezolano.
Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.
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«Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (…) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley», pidió Camacho.
Entre los artículos leídos este jueves destaca el 36, que indica que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».
Asimismo, el artículo 37 señala que el Banco Central de Venezuela tiene el «derecho preferente» para la compra de oro que se obtenga como consecuencia de «cualquier actividad minera» en el país, el cual debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.
Por otra parte, el artículo 13 establece que se crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera como ente encargado de ejercer las funciones de «supervisión, control, inspección y fiscalización» de la minería en general, así como «ejercer la administración de los tributos y regalías, establecidos en esta Ley», que aún no han sido discutidas.
Los diputados deben debatir artículo por artículo antes de aprobar de manera definitiva la ley, presentada hace dos semanas por el diputado Camacho.
La semana pasada, el Parlamento aprobó 12 artículos y justo el 11 en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde «seguridad jurídica».
En la ley se señala, igualmente, que las actividades mineras podrán ser ejercidas por personas naturales que practiquen la minería artesanal de manera individual.
Además, en el artículo 9 la norma dice que las partes podrán acordar que «las dudas y controversias de cualquier naturaleza», siempre que no puedan ser «resueltas amigablemente», se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante «mecanismos alternativos de resolución de controversias», incluyendo la mediación y el arbitraje.
De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.
La ley llegó al Parlamento días después de la visita del secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.
Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están «deseosas» de operar en Venezuela.
Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.
Reducción de cargas fiscales en reforma a Ley de Minas es insuficiente y resta competitividad, advierte gremio
Luis Rojas Machado, presidente de la Cámara Minera de Venezuela, aseveró que la reducción de cargas fiscales planteada en la reforma a la Ley de Minas que se debate en la Asamblea Nacional (AN) es insuficiente y que, en conjunto con otros aspectos que se requiere incluir en esta legislación, le restan competitividad a Venezuela con respecto a lo que ofrecen otros países de la región.
Rojas Machado explicó que la ley mantiene una carga fiscal superior al 50%, mientras que la media latinoamericana está entre el 35% y 40%. «Si lo vemos desde el punto de vista impositivo, la ley es poco competitiva con respecto a nuestros padres latinoamericanos».
Añadió que en el marco legal está planteada «una regalía del 30% anteriormente y aquí se pasó del 1% al 13%, con una medida del 4%. Entonces sí, la regalía es competitiva, pero todo lo demás no. Eso te resta competitividad», reiteró.
El representante gremial resaltó que tanto los procesos mineros como petroleros deben ser transparentes para que puedan atraer inversiones y que la reforma que está en discusión «tiene una gran discrecionalidad por funcionarios que todavía hace ruido».
Indicó que, además de las reformas en cuanto a cargas fiscales y regalías, se requiere ofrecer seguridad jurídica y garantizar un talento humano en el área, aseverando que en Venezuela no existe ese personal especializado y que las empresas que realizarán inversiones tendrán que hacer importación de ese recurso.
Asimismo, Rojas Machado apuntó que se deberán ejecutar grandes inversiones para certificar y cuantificar los recursos mineros reales que existen en el país ya que los estudios más recientes elaborados por el Ministerio de Energía y Minas, datan de la década de los 70 y 80.
«Mucha gente habla y se regodea diciendo que tenemos recursos minerales (…) Tenemos tierra con potencial de tener recursos mineros explotables (…) Pero eso no lo sabremos hasta que nos invirtamos una cantidad muy importante en exploración minera y certifiquemos y ratifiquemos que sí hay reservas minerales», afirmó en entrevista para Unión Radio.
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