Los 28 países que conforman la Unión Europea alcanzan un compromiso tras 14 horas de cumbre. Fuentes gubernamentales niegan que España vaya a albergar alguno de los nuevos centros para migrantes donde se evaluará si son refugiados o irregulares
Foto: Agencias
Bruselas – Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron esta madrugada un acuerdo para crear de forma voluntaria en los Estados miembros centros «controlados» para separar a los refugiados, con derecho a permanecer en los Veintiocho (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal), de los inmigrantes económicos, que serían devueltos a sus países de origen.
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Por tanto, cuando las personas lleguen al territorio comunitario serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no.
La reubicación de los refugiados desde esos centros a diferentes Estados miembros también será voluntaria para los Veintiocho.
En el territorio de la UE, quienes son salvados (del mar), de acuerdo con el Derecho Internacional, deben ser atendidos, sobre la base de un esfuerzo conjunto, mediante su traspaso a centros controlados establecidos en Estados miembros, solo de forma voluntaria, donde un procesamiento rápido y seguro permitiría, con total apoyo de la UE, distinguir entre irregulares y refugiados, dicen las conclusiones.
Con respecto a las plataformas de desembarco en países terceros, los líderes se muestran más imprecisos.
«El Consejo Europeo pide al Consejo (de la UE) y a la Comisión explorar rápidamente el concepto de las plataformas de desembarco regional, en estrecha cooperación con países terceros relevantes, así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones», afirman los jefes de Estado y de Gobierno.
Añaden que esas plataformas deberían operar «distinguiendo situaciones individuales, con total respeto del Derecho Internacional y sin crear un efecto llamada».
Los Veintiocho no hicieron menciones directas a países, pues esos Estados deben antes dar su consentimiento a la instalación de esas infraestructuras en sus territorios.
Ante el reciente incremento de las llegadas por el Mediterráneo Occidental, los líderes señalan que la Unión Europea «apoyará financieramente y de otras formas todos los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España, y países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para prevenir la inmigración ilegal».
Asimismo, tras lo sucedido con el barco de la ONG alemana «Lifeline», recalcan que todas las naves que operan en el Mediterráneo «deben respetar las leyes aplicables y no obstruir las operaciones de los guardacostas libios».
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