«Doce militares heridos mientras custodiaban un convoy de alimentos fueron emboscados», indicó el Ministerio de Defensa de Ecuador
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció este domingo 28 de septiembre la muerte de un manifestante en la ciudad andina de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, durante las protestas contra el alza del diésel en el país, que cumple su séptimo día.
«Denunciamos la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado el 28/09/2025 por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas), durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi», señaló la Conaie en su cuenta de la red social X.
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Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior se han pronunciado aún sobre la denuncia de la Conaie, que convocó el paro nacional que se cumple en el país.
La Fiscalía General del Estado indicó que «tras haber conocido sobre el presunto fallecimiento de un ciudadano en Cotacachi», servidores de esa institución se trasladaron al sitio para el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.
La Conaie, la mayor organización social del país, rechazó «el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas».
Doce militares heridos y 17 detenidos
«Doce militares heridos mientras custodiaban un convoy de alimentos fueron emboscados», indicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de la red social X, en la que asegura que se trata de «la muestra más palpable de que la protesta NO es pacífica».
Además, añadió que 17 militares fueron retenidos «en el cumplimiento de su misión, mientras custodiaban un convoy de alimentos destinado a abastecer a las zonas más necesitadas de la Sierra norte, los cuales fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi».

«Hechos como estos NO quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo», finalizó en el mensaje al que acompañan fotografías de militares con sangre en sus rostros y cabeza, así como un vídeo del momento en que son agredidos.
El epicentro del paro
La provincia de Imbabura se ha convertido en el epicentro del paro, convocado con carácter nacional por la Conaie y que desde el pasado lunes se ha caracterizado por el corte parcial de vías y protestas esporádicas en unas cinco de las 24 provincias del país.
La Conaie exige que el presidente Daniel Noboa derogue el decreto con el que eliminó el subsidio al diésel.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, exige la liberación de los detenidos durante las protestas, que el Gobierno cifra en alrededor de cien -algunos procesados por terrorismo-.
El movimiento indígena lideró en 2019 y 2022 masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El gobierno ecuatoriano advirtió el lunes que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio al diésel, que ha implicado un aumento en su precio, mientras el sector indígena amenaza con más protestas al cumplirse una semana de un paro nacional.
«El presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder», destacó la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, quien en rueda de prensa recordó que negociar sobre el subsidio «significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan».
El gobierno argumentó que ese dinero ahora irá directamente a agricultores, pescadores y transportistas, entre otros.
Acerca de la violencia registrada el fin de semana en la provincia de Imbabura —donde murió un manifestante—, Jaramillo comentó que son «actos terroristas disfrazados de protesta» y recordó que hay 17 militares secuestrados, cuyo paradero se desconoce, a los que se suman otros 12 efectivos que resultaron heridos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, inició la semana pasada acciones como el bloqueo de vías para rechazar la eliminación del subsidio y el consecuente aumento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

«No daremos un paso atrás frente a la represión y al miedo», expresó el presidente de ese grupo, Marlon Vargas, quien destacó que «el pueblo no se arrodilla» y exigió al gobierno «que escuche las demandas legítimas».
Acerca de la muerte del manifestante, el dirigente comentó que «no puede quedar en la impunidad» y responsabilizó al gobierno de Noboa «por este crimen de Estado». A su vez pidió a organismos internacionales de derechos humanos ”una investigación inmediata y transparente».
La Fiscalía informó el fin de semana que abrirá una investigación con base en protocolos internacionales y que destinará a un equipo especializado para «garantizar la objetividad del proceso».
Durante las primeras horas del lunes la policía reportaba obstáculos en varias vías de seis provincias, especialmente de la sierra norte del país.
Las protestas se producen pese a que el gobierno mantiene un estado de excepción y toque de queda en las provincias de mayor población indígena.







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