Trump acusa a la CPI de participar en «acciones ilegítimas e infundadas que apuntan a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano Israel», y de abusar de su poder al emitir «órdenes de arresto sin fundamento» contra Netanyahu y su exministro de defensa. EE. UU. nunca ha reconocido a la Corte
El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar a su aliado Israel, lo que provocó el rechazo del tribunal, comprometido a continuar su labor.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni reconocen a la Corte, que ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en su respuesta militar en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023. Más de 47.000 palestinos, incluidos niños, han muerto durante el contraataque israelí en la Franja.
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La orden firmada por Trump acusa a la CPI de participar en «acciones ilegítimas e infundadas que apuntan a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano Israel», y de abusar de su poder al emitir «órdenes de arresto sin fundamento» contra Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant.
«La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel», afirma la orden, y añade que el tribunal estableció un «precedente peligroso» con sus acciones contra ambos países.
Consecuencias para la CPI
Trump firmó el decreto durante una visita de Netanyahu a Washington. El premier israelí se convirtió en el primer líder extranjero en ser recibido por el mandatario estadounidense en la Casa Blanca desde que asumió el cargo el 20 de enero.
Según la orden, EE. UU. impondrá «consecuencias tangibles y significativas» a los responsables de las «transgresiones» de la CPI, acciones que pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos, y no permitir la entrada a territorio estadounidense de funcionarios de la corte, así como empleados y familiares.
Activistas por los derechos humanos dijeron que sancionar a los funcionarios de la corte tendría un efecto disuasorio y contravendría los intereses de Washington en otras zonas de conflicto donde el tribunal está investigando.
Reacciones de la Corte
Horas después a la firma de la orden ejecutiva de Trump, la Corte Penal Internacional hizo un llamado a sus Estados miembros para que se opongan a las sanciones, a las que calificó como un intento de «dañar su trabajo judicial independiente e imparcial».
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que «condena» la medida. »La Corte se mantiene firme al lado de su personal y se compromete a continuar brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, afirmó en un comunicado.
«Hacemos un llamado a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que se unan en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales», agregó el organismo.
«Las víctimas de abusos de derechos humanos en todo el mundo recurren a la Corte Penal Internacional cuando no tienen a nadie más a quién recurrir, y la orden ejecutiva del presidente Trump les dificultará que encuentren justicia», dijo Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles.
De acuerdo con Hogle, la orden también plantea preocupaciones serias sobre la Primera Enmienda (constitucional), ya que pone a personas en Estados Unidos en riesgo de sufrir penalizaciones severas por ayudar a la corte a identificar e investigar atrocidades cometidas en cualquier lugar, por cualquiera”.
«Puedes estar en desacuerdo con la corte y la forma en que opera, pero esto es inaceptable», declaró Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch, en una entrevista antes del anuncio.
Al igual que Israel, Estados Unidos no está entre los 124 miembros de la corte, que durante mucho tiempo ha rechazado que una «Corte Global» de jueces no electos pudiera procesar arbitrariamente a funcionarios estadounidenses.
Una ley de 2002 autoriza al Pentágono a liberar a cualquier estadounidense o aliado de Estados Unidos que haya sido detenido por la corte. En 2020, Trump sancionó a la predecesora del fiscal jefe Karim Khan, Fatou Bensouda, por su decisión de abrir una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por todas las partes –incluido EE. UU.- en Afganistán.
79 países respalda a la CPI
Setenta y nueve países, entre ellos numerosos latinoamericanos, firmaron este viernes una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) en un momento en que esta se encuentra atacada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«Hoy en día, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes: se han adoptado medidas de sanción a la corte y sus funcionarios, así como los que cooperen con ella, en respuesta a que la Corte lleva a cabo su mandato de acuerdo con el Estatuto de Roma», reza la declaración.
Sin embargo, no se menciona por su nombre al Gobierno estadounidense ni a su presidente Donald Trump, que el jueves firmó la orden ejecutiva para anunciar restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos (donde está la sede central de la ONU) a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
«Esas medidas -dice la declaración conjunta- acrecientan los riesgos de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con erosionar el imperio de la ley internacional; más incluso, las sanciones pueden ponen en peligro la confidencialidad de informaciones delicadas y la seguridad de los afectados, incluyendo víctimas, testigos y miembros de la Corte», indica el texto.
«Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad (y) subrayamos su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley fomentar el derecho duradero por los derechos humanos».
Algunos países no reconocen la jurisdicción de la CPI
La mayoría de países latinoamericanos firma la declaración, pero faltan los nombres de Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay o El Salvador.
Entre los firmantes de la declaración también hay varios países europeos como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia u Holanda, pero no así Italia ni Hungría; también están aliados de EE.UU. como Canadá, pero no Australia. Faltan numerosos países africanos o asiáticos cercanos a Rusia.
Al firmar su orden ejecutiva el jueves, Trump subrayó que la CPI ha emprendido «acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos» e Israel, definido como un «aliado estrecho», y ha «abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas» contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.
Estados Unidos no ha reconocido nunca la jurisdicción de la CPI, como tampoco Israel, China ni Rusia. En total, hay 124 países que reconocen a la CPI, pero no todos han firmado la declaración conjunta.
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